Las empresas deberán devolver las ayudas públicas si no informan de su gestión a la plantilla
Las empresas no podrán recibir subvenciones del Gobierno de Aragón, o estarán obligadas a devolverlas, si eluden informar de su concesión y de su gestión a sus trabajadores.
La medida, que entrará en vigor este año, ha sido aprobada mediante una enmienda de Izquierda Unida a los Presupuestos de la comunidad, que hace unos días salieron adelante en las Cortes con el apoyo de PSOE, Cha, Podemos y la propia IU y con la oposición de PP, Par y C’s.
La iniciativa, que obtuvo el apoyo unánime de todos los grupos tanto en la ponencia como en la comisión de Hacienda, añade exigencias de carácter laboral a los requisitos de tipo tributario y medioambiental que el Gobierno de Aragón ya venía exigiendo a las empresas que optan a las ayudas públicas.
El texto finalmente integrado en el articulado de la ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016 incluye referencias tanto a la finalidad de las ayudas públicas como a su gestión. En este sentido, pasan a convertirse en requisitos que su objeto sea “el mantenimiento del empleo y puestos de trabajo” y que en la empresa “existan mecanismos de información” a la plantilla acerca de su fin y de su gestión, en este caso “como método de asegurar la transparencia en las empresas públicas”.
Reintegro de las ayudas en caso de incumplimiento
“El incumplimiento de estos requisitos conllevará la devolución total de parte de la empresa, de la subvención y/o ayuda concedida”, señala la redacción definitiva de la disposición adicional segunda de la Ley de Presupuestos de Aragón.
La ley de Presupuestos incluye otra modificación de calado en ese artículo, ya que exigencias como el cumplimiento de la normativa sobre residuos, la ausencia de sanciones de la autoridad laboral o la inexistencia de deudas con la Administración estatal y la Seguridad Social pasan a ser obligatorias y dejan de quedar al criterio de cada organismo. Hasta ahora, su aplicación dependía, tal y como figuraba en el proyecto remitido a la cámara, de que figuraran “en su correspondiente acto de convocatoria o en las bases reguladoras de la subvención”.
No obstante, la ley sí exime de la obligación de probar la ausencia de deudas con la Administración central y con la autonómica para recibir las ayudas de la PAC (Política Agraria Común), subvenciones para contratar seguros agrarios, becas destinadas a alumnos desempleados, fondos para formación universitaria y trabajos de investigación y, también, para la asignación de inmuebles de la Red de Viviendas de Alquiler Social de Aragón.
Queda fuera el requisito de la baja temporalidad
La norma da por buena una declaración responsable en materia ambiental y en cuanto al compromiso de mantenimiento de la plantilla para acceder a las ayudas del programa de Fomento del Empleo, aunque será “causa de reintegro su no cumplimiento”, y establece la incompatibilidad de un mismo proyecto para recibir subvenciones y avales, “salvo casos excepcionales autorizados por el Gobierno de Aragón”.
La enmienda de IU fue aprobada parcialmente. De hecho, las Cortes rechazaron dos apartados que iban a suponer que las empresas con más de un 20% de trabajadores temporales en sus plantillas no pudieran acceder a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón a partir de este año.
También quedó fuera del listado de requisitos la exigencia de “demostrar fehacientemente que cumple los requerimientos” de la ley de Integración Social de los Minusválidos.
