Goteo ultra en Aragón

Poco a poco, la extrema derecha va implantando en Aragón su agenda ultra, sin que el ala moderada del Gobierno de coalición PP-Vox ponga mucho de su parte para frenarla.

Lo último que hemos vivido es la supresión de unas ayudas, con una cuantía ni mucho menos millonaria, para proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares en Aragón. Se trata de una línea de subvenciones que cae bajo el paraguas de Vox, a través de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia –con el vicepresidente Nolasco al frente–, y que va destinada a la igualdad de oportunidades. La extrema derecha ha quitado uno de los apartados de la convocatoria, el destinado al mencionado colectivo, y aquí paz y después gloria.

Si está mal el hecho en sí, peores aún son las justificaciones de la extrema derecha, en boca –era previsible, dados los precedentes– del diputado ultra David Arranz: afirmó en rueda de prensa –en nombre de Vox, pero también del Gobierno de Aragón, según precisó– que no consideraba “que las personas LGTBI estén dentro de ninguna discapacidad”. Un comentario con pretensiones de ser graciosete en un tema serio y para unas ayudas enfocadas a la igualdad de oportunidades, que hasta ahora contribuían a favorecer a un colectivo que aún sufre una profunda discriminación social.

Otra muestra de la deriva que lleva el Ejecutivo autonómico es el fichaje como asesor en el Departamento de Medio Ambiente, también en manos de la extrema derecha, de Pablo Jarque, hasta ahora representante de Abogados Cristianos. Una organización ultracatólica para la que el nuevo trabajador eventual del Gobierno de Aragón ha llevado casos como la denuncia en Ciudad Real por un cuadernillo infantil con distintos modelos familiares que la asociación exigió retirar. El juez no solo lo rechazó, sino que les impuso las costas. También se erigió en voz de Abogados Cristianos con una demanda contra una rapera dominicana por supuesta profanación de una basílica.

La entidad, todo hay que decirlo, no ha tenido por ahora mucho éxito en Aragón, como demuestran los sonados fracasos con la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza y más recientemente con la Cruz de Bezas.

Y, mientras, sigue en el cajón una normativa clave como es el Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, que lanzó en su día el Gobierno socialista de Javier Lambán y que llegó a contar con el voto a favor del PP, pero que a la actual coalición de gobierno –otro síntoma de la deriva de los populares– no parece hacerle mucha gracia. Ya es casualidad que los afectados sean siempre los mismos colectivos, ¿no?

En este caso, la tramitación comenzó en 2022 y meses después se llegó a convertir en proyecto de ley, pero decayó con la convocatoria electoral de 2023 y desde entonces duerme el sueño de los justos. La semana pasada, los dos partidos que sostienen el gobierno vetaron la toma en consideración de la normativa, que comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Asturias sí han impulsado.

El Ibercaja Romareda, un secreto a voces

Con la excusa de la sociedad mercantil y la supuesta confidencialidad que conlleva –como si los millones de euros dejasen por arte de magia de provenir del contribuyente–, la información 'oficial' que trasciende sobre las obras en el nuevo estadio de fútbol, el que se denominará Ibercaja Romareda, llega con cuentagotas. Aun así, bastaba con echar un vistazo a los plazos de los contratos para dudar seriamente de que, tal y como ha sostenido hasta ahora el Gobierno municipal del PP, el Real Zaragoza fuera a empezar la temporada en el renovado campo. Al final, el secreto a voces es ya una realidad.

En dos entrevistas el Día del Pilar –no en este medio, claro, ya que los cargos institucionales del PP se resisten a ello–, la alcaldesa, Natalia Chueca, reconoció que habría retrasos. Así, la inauguración se producirá, según la nueva versión oficial, “a finales” del año que viene. Es decir, que al menos hasta 2028 el campo no estará plenamente operativo.

La excusa alegada es que ha habido olas de calor: a ver cómo se acompasa eso con las sanciones previstas en los pliegos a la adjudicataria en caso de registrarse demoras. Otra opción es que, como sucedió ya con el calendario de pagos incumplido en su día por la sociedad anónima deportiva –que también contemplaba un castigo en caso de no ejecutarse a tiempo–, se haga mutis por el foro y el infractor se vaya de rositas. A estas alturas, nadie se sorprendería.

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