La sanidad aragonesa se debate entre las quejas de profesionales y usuarios y los planes de choque para mejorarla

Plantillas envejecidas, falta de plazas, las listas de espera más elevadas de España, días de tardanza para atender la cita previa y consultas sobrecargadas, amenazas de huelga en la atención primaria y de los trabajadores del transporte sanitario… La situación de la sanidad aragonesa está atravesando un momento crítico a pesar de los esfuerzos realizados desde el Departamento de Sanidad para atajarlos. Entre ellos, un plan de choque para reducir las listas de espera que incluye operaciones en sábado y derivaciones a hospitales de la comunidad en los que estas listas sean menores para reducir las esperas de más de 6 meses que afectan a unos 8.000 aragoneses o el anuncio de incrementar el número de plazas para estudiantes de Medicina que permitirá que cada promoción aumente el número de médicos que luego se puedan incorporar al sistema. El proyecto de ley de presupuestos del Gobierno de Aragón para 2023 va a incrementar las partidas del Departamento de Sanidad hasta niveles nunca vistos con anterioridad, con un aumento del 13,6%, uno de los más elevados de España. La preocupación en el Gobierno autonómico es grande ante un problema que afecta a los sistemas de salud de la mayor parte de comunidades autónomas, aunque los indicadores están poniendo el foco principalmente en Aragón, Madrid y Cantabria. 

El Gobierno de Aragón confía en que en la próxima reunión que mantendrá la consejera Sira Repollés la próxima semana con los sindicatos médicos se alcanzará un acuerdo para evitar la huelga de unos profesionales que denuncian a diario que la saturación les impide atender con garantías a los pacientes. El propio presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, publicó recientemente un tuit en el que destacaba, según datos del ministerio, que Aragón es la comunidad con mayor número de plazas médicas por mil habitantes (una tasa de 4,2), por lo que el problema no es de falta de plazas, sino de falta de profesionales para cubrirlas. Un problema que, decía, hay que solventar “entre todos”. Sin embargo, el enfado entre los profesionales sanitarios va en aumento. Y también entre los ciudadanos, especialmente por las demoras para solicitar cita previa en la Atención Primaria. En las últimas semanas, estas pasaban de los 15 días. Ante la gravedad del problema, el Salud eliminó los cupos reservados para citas telefónicas y presenciales y publicó todos los huecos en la aplicación de móvil, lo que ha permitido que el 70% de los centros de ya cita en un plazo inferior a tres días, pero todavía hay un 30% de centros que sigue con esos retrasos. Se están contemplando otras opciones, más complejas de poner en marcha, como refuerzos y prolongaciones de jornada. Los profesionales siguen denunciando la inestabilidad de los contratos, la falta de cobertura en las tasas de reposición, agotamiento ante las cargas de trabajo y unas condiciones cada vez más precarias que hace que muchos profesionales opten por marchar o ir al sector privado.

Las visiones son contrapuestas. Mientras desde el Ejecutivo se admiten problemas puntuales pero descartan que la situación sea tan problemática como en otras comunidades, la percepción de que el sistema de salud está en precario y se ha resentido mucho sobre todo después de la pandemia es común entre los ciudadanos. Las quejas sobre el sistema abundan en el Justiciazgo, con especial incidencia en el medio rural, donde las movilizaciones ciudadanas son frecuentes. Precisamente, el Justicia ha presentado esta semana el informe especial sobre la sanidad en el medio rural, con conclusiones contundentes: es “altamente preocupante la falta de cobertura de plazas de personal sanitario en el ámbito rural. Los incentivos aprobados por la administración sanitaria resultan actualmente insuficientes para cubrir las plazas vacantes de médico de familia, médico de atención continuada y pediatría de atención primaria, con problemas puntuales en enfermería”. En sus conclusiones destaca que más de la mitad de los profesionales superan los 55 años de edad y más del 12% sobrepasa los 64 años, por lo que están en una edad próxima a la jubilación y los destinos resultan poco atractivos para los profesionales que se incorporan a la formación MIR. En la última convocatoria, destaca el informe, se quedaron sin cubrir en el medio rural 200 plazas. El informe alerta de la autocobertura de plazas en periodos vacacionales y concluye de una sobresaturación evidente. 

El Justicia emite una serie de recomendaciones, muchas de las cuales también se contemplan desde el Departamento de Sanidad. Aconseja implementar nuevas medidas legislativas que dé respuesta a los problemas de la sanidad rural, una adecuada planificación de los recursos humanos, nuevas políticas de incentivos y una acción coordinada con la Universidad y el ministerio para incrementar las plazas en la facultad.  Aunque el informe del Justicia solo lo cita de pasada, los nuevos pliegos del transporte sanitario también generan inquietud en el territorio. A pesar de que se incrementa la dotación económica, muchos municipios denuncian que durante horas no dispondrán de un servicio adecuado. Tanto en la provincia de Teruel como en el sector sanitario de Barbastro en las últimas semanas se han celebrado concentraciones de protesta por la situación de la sanidad. 

Ante este panorama, todas las expectativas están puestas en la reunión que mantendrá la consejera de Sanidad, Sira Repollés, con los sindicatos médicos el próximo 16 de noviembre para tratar de llegar a un acuerdo. Comparten diagnóstico y la clave está en saber si habrá una entente respecto a las medidas que se piensan poner en marcha. Entre ellas, un nuevo sistema organizativo que acabe con las demoras de cita previa e incentivos económicos para compensar los excesos de jornada. La sanidad, uno de los pilares básicos del estado de bienestar y el que más recursos económicos tiene en los presupuestos autonómicos (que el próximo año serán los más altos de la historia), está atravesando un momento complicado que se ha agravado tras la pandemia. La búsqueda de soluciones se ha convertido en un objetivo prioritario.