La consejera de Derechos Sociales y Bienestar pide no “estigmatizar” a los alojados en las residencias asturianas

Ya hay fecha de reunión entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el Comité de Empresa de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Será el próximo 7 de noviembre cuando se celebre el encuentro con el que se pretende desbloquear el conflicto laboral que mantiene, desde hace once días, a varias trabajadoras encerradas en la sede de la gerencia del organismo autónomo.

Sobre la mesa dos peticiones clave: crear un plus de peligrosidad para los trabajadores, ante el nuevo perfil de residente que se está generalizando en las residencias públicas, y aumentar el mínimo de la plantilla. Para las integrantes del Comité de Empresa la fecha propuesta es “otro órdago de nuestra querida consejera, haciéndonos pasar aquí otro fin de semana más, porque su orgullo está por encima de hacer una buena gestión”.

El anuncio de la reunión llega después de una mañana en la que trabajadores del ERA se han concentrado ante la Junta General del Principado donde la titular del departamento, Melania Álvarez, comparecía en comisión parlamentaria, a petición del PP, para informar precisamente de este conflicto laboral.

Peligro de estigmatizar el cuidado

La plantilla del ERA ha aumentado desde 2019 en 688 personas, según las cifras que ha aportado en su comparecencia la consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Unos números que colocan los establecimientos residenciales asturianos por encima de la ratio que exige el Sistema de Atención a la Dependencia y con los que la titular de la consejería quiere contrarrestar una de las demandas de los trabajadores.

Melania Álvarez, que ha defendido la voluntad de diálogo mostrada por el ejecutivo para acabar con este conflicto, ha incidido en que la otra demanda, el plus de peligrosidad, fue descartado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el conflicto colectivo planteado por los sindicatos al considerar que, aunque algunos usuarios tengan conductas agresivas, son casos “esporádicos y no generalizados”.

“Las personas a las que atendemos no son personas peligrosas. Se dan episodios como en la vida cotidiana pero no aceptamos que se estigmatice el cuidado como peligroso o penoso y mucho menos criminalizar” al colectivo de usuarios de las residencias, ha subrayado la consejera que después ha apelado al diálogo “sosegado y sereno”.

Álvarez ha incidido en que el mayor desafío al que se enfrenta el ERA es “mejorar la gestión” que pasa, a su juicio, por reforzar los servicios centrales, que ahora solo cuentan con una plantilla de nueve personas, con el objetivo de permitir una tramitación contable más ágil que se traduzca “en traduce en poner la gestión al servicio de las personas y no al revés como ahora sucede”.

Según la consejera, la incorporación de 500 trabajadores en 2023 -unida a la nueva estrategia de cuidados planteada para 2024- supone un salto cualitativo “más que relevante” que ha permitido “elevar la calidad del empleo”. Además Álvarez ha incidido en que el gasto de personal ha crecido desde 2019 en más de 14 millones.

“Si eso no es compromiso con los trabajadores, apaga y vámonos”, ha subrayado tras recordar que esa subida ha permitido consolidar el complemento de 50 euros vinculado a implantación del modelo de cuidados de larga duración pactado en 2022, que se suma a otros ya reconocidos como los de penosidad, turnicidad o complemento de auxiliares de enfermería y carrera horizontal.

Esas mejoras, ha apuntado Álvarez, “marcan la diferencia” tanto la calidad del empleo como en las retribuciones dado que la diferencia salarial entre las auxiliares de enfermería del ERA y las del sector privado se sitúa actualmente a 780 euros mensuales.

Cambio de situación

Para la presidenta del Comité de Empresa, las cifras que consejera ha ofrecido en su comparecencia, no tienen nada que ver con sus reivindicaciones. “Son las cifras que le gusta sacar”, al recordar que el ERA tiene más plantilla de la que exige la Ley de Dependencia.

Fernández ha explicado que lo que los trabajadores piden de que se haga efectiva una subida de mínimos es otra “cosa diferente”. “A lo mejor, en un turno de tarde hay dos personas para 38 residentes. Las cifras que saca es las que le gusta sacar”, ha comentado la dirigente sindical.

Sobre las palabras de la titular de Derechos Sociales, que ha incidido en que ese plus de peligrosidad fue descartado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, para la representante de los trabajadores esa sentencia “no se corresponde a la situación actual que se está viviendo”.

Aseguran que las agresiones a profesionales se han multiplicado el último año porque el perfil de residentes que están entrando en los centros públicos ha cambiado. La mayoría son personas de 55 años y “con perfil psiquiátrico”, lo que añade peligrosidad a un trabajo en el que ya venían sufriendo agresiones, y por ello retoman la exigencia del cobro de este complemento.