La jueza de Asturias imputa homicidio imprudente a los responsables de Zarréu por la muerte de los cinco mineros

El juzgado de Cangas del Narcea que instruye la causa por el accidente laboral en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos el pasado 31 de marzo en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, ha levantado el secreto de sumario y ha imputado al dueño de Combayl, Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su mujer, Ana María Rodríguez, a su hijo Adrián y al director facultativo de la explotación y responsable de seguridad en el momento del siniestro, José Antonio Fernández Casillas, cinco delitos de homicidio por imprudencia, según ha adelantado este martes la RTPA.

Junto a los delitos de homicidio por imprudencia, también se les investiga por otros cuatro delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, el juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados como medida cautelar para garantizar la posible responsabilidad civil.

Acogidos a su derecho a no declarar

Las cuatro personas investigadas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para depurar las posibles responsabilidades en el siniestro, amparados en el respeto a las actuaciones que de forma paralela se están desarrollando por la vía judicial.

Jesús Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes' compareció el pasado 27 de enero ante los diputados y diputadas asturianas y eludió responder a sus preguntas que quedaron recogidas en el acta sin respuesta. Acudió a la citación acompañado de su abogado, Luis Tuero, y se limitó a leer un texto que llevaba redactado donde exponía que optaba por no declarar en ese momento para “preservar el derecho fundamental de la defensa”.

Necesidad de “prudencia legal”

El empresario puntualizó que su rechazo a declarar no debía interpretarse como “falta de colaboración, sino como necesidad de prudencia legal”.

En más de una ocasión se le preguntó si quería ofrecer su testimonio y su respuesta fue la siguiente: “Con ganas me quedo, pero no voy a contestar”.

Apenas dos días después, su hijo Adrián Rodríguez decidía también guardar silencio. Al igual que había hecho su padre, manifestó su dolor por el accidente en el que perdieron la vida los trabajadores Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez, y mostró sus condolencias a sus familiares.

“Siento de veras que mi silencio sea hoy la única solución de contribuir a la investigación y que llegue a su fin de la manera más limpia posible”, lamentó el administrador único de Blue Solving.

Trabajo judicial “sin presiones”

Adrián Rodríguez explicó que confiaba en la justicia para que “a su debido tiempo” pusiera las cosas en su lugar “para dar paz a quienes más hoy lo sufren”.

Asimismo, expresó su deseo de que “la verdad resplandezca y las familias obtengan las respuestas que necesitan”. Para que esto ocurra, según comentó, la justicia “debe trabajar en paz sin ruidos ni presiones”.

Colaborar desde “el silencio”

Al día siguiente, comparecía su madre Ana María Rodríguez, administradora única de la compañia Combayl, que tampoco quiso aclarar las dudas de los diputados y diputadas: “El silencio es la mejor forma de colaborar” para que la investigación “llegue a buen término”, explicó la empresaria.

La comparecencia del responsable de seguridad en la mina de Zarréu, en el momento del accidente, era José Antonio Fernández Casillas que, al igual que había hecho la familia Rodríguez, se acogió a su derecho a no declarar, lo que no fue impedimento para expresar su “absoluta disposición a continuar colaborando” con el esclarecimiento de las causas del accidente mortal al estar en ese momento la causa bajo secreto sumarial.

Levantado el secreto de sumario

A partir de ahora, una vez levantado el secreto de sumario, los representantes legales de los investigados podrán acceder a las diligencias de investigación para poder conocer de primera mano las acusaciones que se dirigen contra ellos para poder aclarar toda la verdad de lo que ocurrió el 31 de marzo pasado, cuando los cinco mineros perdieron la vida cuando trabajaban en la explotación minera de Zarréu.

Las primeras investigaciones apuntaron a que se produjo una explosión de grisú cuando los trabajadores se encontraban en el interior de la mina.

Uno de los principales extremos que se está investigando es si en la explotación se llevaban a cabo extracciones ilegales de carbón, ya que la empresa no contaba con licencia para este tipo de trabajo y las versiones de los comparecientes hasta ahora ante la comisión parlamentaria son muy contradictorias.