Cantabria y País Vasco entran en guerra por la política industrial
La política industrial del Gobierno de Cantabria sigue levantando ampollas. Las comunidades autónomas vecinas han censurado reiteradamente los incentivos económicos que ofrece el Ejecutivo que dirige Ignacio Diego, que oferta suelo público y facilita la financiación de proyectos empresariales participando, incluso, en el accionariado de estas compañías. Este viernes, sin embargo, esta estrategia cercana a la deslocalización ha estado a punto de saltar por los aires tras la rectificación de Siban, una de las 'joyas de la corona' junto a Tubacex.
La factoría situada en Gallarta, en el municipio de Abanto y Ciérbana, se dedica a la fabricación de bandas transportadoras y había anunciado el pasado 23 de enero su traslado a Castro Urdiales. Lo hicieron, además, en la sede del Ejecutivo cántabro, en una rueda de prensa en la que los responsables de esta compañía perteneciente al Grupo Peosa estuvieron acompañados por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti.
Allí explicaron que tenían previsto realizar una inversión de 15 millones de euros y la creación de 100 puestos de trabajo directos, un proyecto que ahora queda en suspenso. “El supuesto traslado de la actividad a Cantabria única y exclusivamente se ha tratado de una posibilidad en estudio, entre otras más”, ha aclarado a través de un comunicado el director general de la planta de Siban en Gallarta, Pedro Echebarria.
“La decisión no es definitiva”, subraya. Una afirmación que contrasta con la presentación pública que realizó la empresa en Santander con los máximos mandatarios políticos de la región. En un acto al máximo nivel, explicaron que Siban se ubicaría en una parcela de 25.000 metros cuadrados de la futura ampliación del Polígono Industrial de Vallegón, con una fábrica que provocaría el cierre de la factoría vizcaína.
Rectificación
En ese encuentro informativo se explicó que el Grupo Peosa se había acogido al Plan de Comercialización de Suelo Público Industrial del Gobierno de Cantabria que, además, iba a facilitar la financiación del proyecto empresarial mediante la concesión, a través de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), de un préstamo participativo de 3 millones de euros. También se manifestó que la empresa podría acceder a las ayudas del Plan Innpulsa del Ejecutivo autonómico, que defenderá ante el Estado el acceso de Siban al Programa de Incentivos Regionales.
Sin embargo, el texto firmado este viernes por el director general de la planta de Siban Peosa en Gallarta reconoce que, desde que el pasado 23 de enero los medios de comunicación se hicieran eco de la posibilidad de trasladar su actividad a Cantabria, “la presión mediática ha sido constante” y “lo publicado”, en algunas ocasiones, “no se ajusta a la realidad de lo sucedido”.
Por ello, la empresa ha puntualizado que, durante los últimos años, Siban ha buscado una nueva localización “viable” en Vizcaya, “que haga posible su expansión y creación de empleo” sin que, hasta la fecha, haya tomado “decisión alguna, aún menos definitiva, sobre el traslado de su actividad a Cantabria”.
Mano tendida
Esta nueva postura de Siban ha venido acompañada de una mano tendida por parte de las instituciones públicas en Euskadi. La Diputación de Vizcaya ha reiterado su “disposición” para encontrar un emplazamiento que permita mantener la actividad empresarial del grupo vasco. De hecho, el portavoz foral y diputado de Presidencia, Unai Rementeria, ha asegurado que mantiene “las ofertas” de suelo público que había realizado a la compañía.
En este sentido, ha confirmado que la empresa ha estado visitando posibles ubicaciones en Vizcaya, como el Puerto de Bilbao, por lo que espera evitar lo que califica como una “deslocalización de manual”. Cuando se conoció la noticia, este organismo comenzó un proceso que reclamaba la devolución de las ayudas forales recibidas durante los últimos años, un expediente que “sigue abierto”.
Graves presiones
Ante esta situación, el responsable de Industria de Cantabria ha denunciado públicamente las “graves presiones” que, en su opinión, están ejerciendo las instituciones vascas ante las empresas que deciden trasladar su actividad a la comunidad autónoma vecina. Unas presiones que “no son ni lógicas ni adecuadas”, ha dicho Eduardo Arasti en rueda de prensa.
Después de censurar los “modos” del Gobierno vasco, ha anunciado que a partir de ahora mantendrán el anonimato de las compañías que decidan trasladarse hasta que el proceso toque a su fin. “Es imposible poner puertas al campo”, ha remarcado, al tiempo que ha defendido la política industrial puesta en marcha por su equipo para 'captar' nuevos proyectos.
Además, se ha mostrado “seguro” de que Siban acabará trasladándose a Castro Urdiales, igual que lo harán otras dos empresas vascas que están negociando en estos momentos con SODERCAN. “No voy a dar ni el nombre ni la actividad para garantizar su anonimato y evitar presiones”, ha sentenciado. Se ubicarán también en Vallegón y crearán cerca de 40 empleos, según el consejero.
