El PRC impulsa un endurecimiento del Código Penal de la 'okupación' sin disponer de datos oficiales

El Parlamento de Cantabria debatirá el próximo lunes una Proposición No de Ley (PNL) del PRC que pide al Gobierno de Pedro Sánchez un endurecimiento del Código Penal aplicado a los casos de 'okupación' y lo hará sin que existan cifras oficiales sobre la magnitud de este problema en la comunidad autónoma. Ni el PRC ni la Delegación del Gobierno, consultada por este medio, han podido ofrecer datos sobre el número de 'okupaciones' y su tipología, y como mucho los primeros citan que es un “problema extendido” a toda Cantabria con especial incidencia en municipios como Polanco, Meruelo o Villaescusa, así como a barrios como el de Ganzo, en Torrelavega.

Ni siquiera las cifras barajadas durante su intervención en rueda de prensa por la diputada y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz -43 casos en su municipio y 20 o 30 en Ganzo,- han podido ser confirmadas por la Guardia Civil o el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Aun así, los regionalistas consideran que hay una “alarma generalizada” en la comunidad y presentarán sendas iniciativas en el Parlamento de Cantabria y en el Senado, en donde el senador autonómico José Miguel Fernández Viadero ha formulado ya varias preguntas al Gobierno de la Nación al respecto.

La PNL del PRC pretende que el Gobierno de España endurezca el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para posibilitar un “desalojo inmediato” por la Policía y la Guardia Civil, con carácter previo al procedimiento judicial correspondiente, “siempre y cuando los ocupantes no acrediten título legal indubitado y suficiente para la ocupación”.

No “ideologizado”

El PRC se ha sumado al frente político en las Cortes a la ofensiva que llevan a cabo el Partido Popular y Vox, aunque sin mezclarse con estos, ya que consideran que sus iniciativas están “ideologizadas”, en expresión utilizada por el portavoz regionalista en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando.

Actualmente, el Código Penal recoge los delitos de allanamiento y de usurpación, el primero de los cuales está relacionado directamente con la violación de la intimidad de un domicilio habitado, mientras el segundo se refiere a viviendas no ocupadas, como las que son propiedad de entidades financieras o promotoras.

La reforma del Código Penal que pretenden los regionalistas iría encaminada a eliminar la figura del usurpación y que toda 'okupación' tenga un tratamiento similar al del allanamiento, que se solventa rápidamente y está penado con cuatro años de cárcel, incluso para el caso de las propiedades de empresas y bancos. Esta reforma iría acompañada de otra de la Ley de enjuiciamiento Civil que abriría el abanico de reclamaciones a las empresas, no solo a personas físicas y ONG. El articulado actual de la ley “es un sistema solo útil para personas y ONG pero no para empresas y sociedades”, ha valorado Hernando.

“No se trata de hacer una nueva ley, sino de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en las primeras 48 horas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan desalojar”, ha apostillado Rosa Díaz. Bastaría para ello que el propietario exhiba un título acreditativo de la propiedad que no ofrezca dudas, ya que otros títulos, como los contratos de alquiler que puedan exhibir los 'okupas', muchas veces están falsificados por las mafias que controlan estos actos, según el PRC.

Los regionalistas hablan de que en España ha habido un aumento “exponencial” de los casos de 'okupación', pasando estos de los 10.000 en 2015 a 15.000 en la actualidad, al tiempo que constatan “conflictividad social”, con un “riesgo enorme” de incremento de 'okupaciones'. Para los regionalistas, han de compatibilizarse el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda digna, pero prima el primero cuando hay “ilegalidades” de por medio.