Los vampiros de lo público

La narrativa privatizadora ha logrado instalar la idea -errónea, torticera, perversa- de que lo público siempre funciona peor que lo privado y que el sueño erótico de cualquier sociedad es que las administraciones públicas “externalicen” -hermoso eufemismo- la mayoría de los servicios y que se conviertan, básicamente, en las distribuidoras de nuestros impuestos a empresas privadas.

Al acecho, esperando que la narrativa cale y que los responsables públicos piquen el anzuelo están los vampiros… esos defensores del mercado sin regulación que en realidad son pésimos empresarios pero genios del pelotazo con dinero ajeno. Los buenos empresarios -aclaro- son aquellos que trabajan, ofrecen un producto o servicio, lo vende a un precio razonable, respetan los derechos de sus trabajadores y no especulan… (¿Dónde está Wally?)

Veamos los últimos ejemplos que nos tocan muy de cerca. La empresa Baika ha logrado un regalazo del Ayuntamiento de Santander con forma de mercado. Mientras el canon que debe abonar al municipio tiene tintes de absurdo, este vampiro se embolsará unos cuantos millones de euros con la simple firma de un contrato a una cadena de comida rápida que se instalará en edificio de propiedad pública, en contra de la voluntad de los vecinos y, claramente, atentando contra el interés general y el buen gusto. El Ayuntamiento se escuda en la legalidad de la operación, pero quería ocultar que la sangría se ajusta a la ley porque antes se produjo la decisión política de regalar la gestión del Mercado de Puerto Chico sin contar a la ciudadanía la letra pequeña. Ahora se descubre el pastel -o el McFlurry- por la presión vecinal, porque la oposición tampoco se había enterado de la jugada hasta hace unos días.

Otro más. Cuando salta la liebre en Andalucía del atentado contra la salud pública en el sistema de cribado de cáncer de mama, empezamos a hurgar en la realidad propia. Pero lo que surge es otro pelotazo vampiresco que, esta vez beneficia a Santa Clotilde: 216 millones de euros para “hacer alguna cosa más” en materia sanitaria y que “ayudan” a esta fundación religiosa a hacer inversiones en su centro privado, como ha contado el consejero César Pascual antes, claro está, de asegurar que “el convenio singular con Santa Clotilde no es un contrato a dedo ni una concesión privada, es una figura jurídica perfectamente recogida en la Ley General de Sanidad”. Pues nada si todo es legal ya no discutamos nada.

Pero miremos el negocio más redondo de todas las privatizaciones “naturalizadas”: la del sistema educativo. Estaría bien que en las reivindicaciones de los sindicatos se incluyera la eliminación gradual y planificada de los centros privados concertados, una herencia del franquismo tan tóxica como la desmemoria y tan lucrativa como unos cuantos McDonalds. Los conocidos como “conciertos” desafinan de origen. Fruto de la negociación del PSOE con la Iglesia para que esta no perdiera privilegios y fastidiara la “modernización” del país e inspirados en la Ley General de Educación franquista de 1970, básicamente, son un chantaje: dejemos la educación en manos privadas a cambio de que sea gratuita para el alumnado y se ‘parezca’ a la pública -algo imposible con los bajos criterios de calidad de la privada y que contradice el hecho de que el 79% de los concertados cobran a las familias-—.

El resultado es que mientras baja cada año el número de alumnos en el sistema educativo de Cantabria, el presupuesto destinado a la educación privada concertada crece. En 2025, esa partida creció casi un 5% sumando ya 103 millones de euros directos. La paradoja, si nos fijamos en Santander, donde se concentra el mayor porcentaje de población de la región, en infantil y en primaria ya hay más centros privados concertados (49 en total) que públicos (44). Los vampiros educativos suelen llevar un crucifijo colgando y sus cuentas bancarias van de maravilla.

Pues así nos va… somos el paraíso del pelotazo con dinero público donde casi nunca alcanzamos a leer la letra pequeña.