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Castilla-La Mancha contará con 1.000 nuevas plazas especializadas para personas con discapacidad

FOTO: JCCM

Teresa Sánchez Garzón

“Esta firma blinda el planteamiento de cooperación entra la administración y todas las entidades”. Así lo ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras suscribir un conjunto de protocolos de colaboración con diferentes entidades sociales que permite tanto desarrollar programas de atención a personas con discapacidad como sufragar los recursos humanos y materiales de los centros en los que se realizan.

La Junta va a destinar 45,6 millones de euros para estas entidades, unas subvenciones que llegarán este año a 166 centros y que están destinadas al mantenimiento de centros, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad. “Con esta convocatoria, cuyo presupuesto se incrementa un 20% respecto al inicio de legislatura, se va a atender a unas 8.000 familias de la región”, ha señalado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.

Los pagos, según ha adelantado la consejera de Bienestar Social, comenzarán a realizarse a principios del próximo mes de marzo, “por lo que se adelantan dos meses respecto al pasado año”. En concreto, se van a sufragar 85 recursos de día (centros ocupacionales, centros de día y servicios de capacitación); 102 centros de carácter residencial y 38 de Atención Temprana y Desarrollo Infantil.

Durante el acto, el presidente regional ha anunciado la dotación de 1.000 plazas especializadas más en atención a personas con discapacidad al finalizar la presente legislatura, comenzando por 400 nuevas plazas en 2018. Según García-Page esto demuestra “la voluntad y la dinámica de aprovechar el crecimiento económico para ensanchar el espacio social”.

El presidente regional ha aprovechado el acto para asegurar que España no podrá llegar a un pacto sobre financiación autonómica si no se llega a “un acuerdo en la prestación básica de los servicios públicos”. Para Emiliano García-Page es “indispensable” que se llegue a un acuerdo en aspectos como la dependencia o el gasto sanitario para poder establecer una nueva financiación autonómica. “Si no se desgajan esos dos conceptos, va a ser muy difícil que en España nos entendamos”, ha apuntado, asegurando que de esos acuerdos dependerá que convenios como los firmados este martes “sean una realidad o no”.

El acto ha contado con la presencia de más de una veintena de representantes de colectivos que trabajan en el fomento de la participación e inclusión social. Entre los beneficiarios se encuentran los centros de atención a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, las residencias para usuarios de centro ocupacional, las residencias para personas con discapacidad de más de 50 años, las viviendas para personas con discapacidad, los centros ocupacionales y servicios de capacitación y los centros de día.

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