Castilla-La Mancha incluirá a las empresas de inserción laboral para redistribuir excedentes alimentarios

Solo en España se tiran más de 1.200 millones de kilos de comida al año

Castilla-La Mancha cuenta con su propia regulación para el aprovechamiento de los excedentes alimentarios desde abril de 2019. Desde entonces se han promovido medidas apra evitar el desperdicio de alimentos, facilitando la redistribución y evitando así el impacto económica, social y ambiental: pobreza, hambre, privaciones, y también generación de residuos. Pero desde entonces, son varios los factores que se han ido transformando que, para la Administración autonómica, obligan a modificar esa regulación. Algunos de ellos pudieron constatarse en el Foro Regional de Desperdicio Alimentario que organizó la Consejería de Desarrollo Sostenible y ahora quiere recogerlos en la modificación del decreto.

Castilla-La Mancha es la primera región del país que evitará por decreto el desperdicio de alimentos

Castilla-La Mancha es la primera región del país que evitará por decreto el desperdicio de alimentos

De momento, no hay nuevo texto, pero se ha sometido a consulta pública previa la necesidad de cambiar el decreto anterior para, por ejemplo, incluir a las empresas de inserción y valorar el aprovechamiento de los excedentes alimentarios como “fuente de generación de empleo a colectivos desfavorecidos a través de acciones de economía circular”. Es decir, el Gobierno regional quiere hacer confluir estos dos pilares, puesto que la economía circular también cuenta en la comunidad autónoma con propio marco legislativo y posterior estrategia.

El Gobierno castellanomanchego aprobó su decreto sobre desperdicio alimentario dentro del objetivo número 12 de los ODS y la propia Ley regional de Economía Circular ya contempla entre sus objetivos “reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en la cadena de producción y consumo, promoviendo prácticas eficientes y de consumo responsable”.

En su argumentación para esta consulta de modificación, Desarrollo Sostenible afirma que cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida en el mundo, el equivalente a 1.300 millones de toneladas, acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de recolección deficientes. Considera por tanto necesario reducir la generación de residuos a lo largo de toda la cadena alimentaria, así como facilitar la recuperación y redistribución de excedentes, de manera que alimentos seguros y comestibles lleguen a quienes más lo necesitan.

Datos y recomendaciones europeas

Según un informe de la Comisión Europea, de fecha 28 de noviembre de 2016, España, es el sexto país de la Unión Europea que más comida desperdicia, con 7,7 millones de toneladas al año, después de Alemania, Holanda, Francia, Polonia e Italia. El 42% del desperdicio se produce en los hogares, el 39% en los procesos de fabricación, el 14% en los servicios de restauración y catering, y un 5% en la distribución.

Debido a ello, en las orientaciones de la Unión Europea se recomienda que se desarrollen normas o directrices pertinentes a nivel nacional sobre la donación de alimentos con el fin de exponer claramente a todos los agentes las normas y los procedimientos operativos existentes en los Estados miembros, incluidas las respectivas responsabilidades de los principales actores, con el objetivo de facilitar su cumplimiento y de fomentar unas buenas prácticas.

En este contexto, los objetivos que persigue la modificación del decreto son, entre otros, incorporar las propuestas que fueron planteadas por los miembros del Foro Regional del Desperdicio Alimentario en su primera reunión. Esta son: la inclusión de las empresas de inserción entre las entidades y organizaciones participantes en los procesos de recuperación y redistribución de excedentes alimentarios; valorar el aprovechamiento de los excedentes alimentarios como fuente de generación de empleo a colectivos desfavorecidos a través de acciones de economía circular; y desarrollar la colaboración entre las Administraciones Públicas y los criterios de criterios de contratación pública responsable.

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