Se levantan las voces contra la absolución al concejal de Villarrobledo por injuriar a una vecina
Después de conocerse la sentencia del Juzgado de Villarrobledo por la que se absuelve al concejal de dicho consistorio por un delito de injurias a una vecina que fue a pedirle trabajo, la Red Feminista por el Derecho a Decidir de Albacete ha manifiesta su solidaridad y apoyo a Dña. Ángeles M. Herreros y Dña. Isabel Martínez, ambas de Villarrobledo.
La primera, Ángeles asegura que el concejal le dijo que “diera a su hija en adopción o se metiera a puta”, falta de injurias que no ha prosperado puesto que la juez instructora del caso ha valorado por que dice que “no queda acreditado con la sola declaración de ella que Andrés dijera las palabras que ella dice que dijo”.
Al mismo caso se le sumaron otras dos denuncias, en este caso interpuestas por el concejal en cuestión, Andrés Martínez, quien acusaba a Isabel Martínez, suegra de Ángeles, por dos faltas de injurias y una de amenazas.
Siguiendo el mismo planteamiento que con la denuncia de Ángeles, la juez ha absuelto a Isabel de una de las faltas de injuria ya que se refería a un insulto que, según el concejal, la acusada le habría dedicado en un momento de la discusión en su despacho.
No así ha pasado en el caso de unas declaraciones que Isabel hizo para un medio local. “Ella dijo en la radio que el concejal había metido a trabajar a su cuñado y a su hermana en el Ayuntamiento”, expone la abogada de las mujeres, algo que ha resultado no ser cierto, por lo que se le condena a pagar 60 euros. Además la juez la declara culpable de amenazar al concejal porque “ella dijo que si en algún momento sus nietos o sus hijos se quedaran sin nada que comer, seguiría a la mujer del concejal y le quitaría las bolsas de comida”, añade María Teresa Márquez, abogada. Por esta falta la acusada, Isabel Martínez tiene que pagar 30 euros de sanción.
La abogada no comparte la sentencia por lo que prepara la apelación. Por su parte desde La Red Feminista por el Derecho a Decidir de Albacete dejan claro que no comparten “que la declaración de la víctima no cumpla los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo para dar validez a esta declaración como prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia”
