El juicio a los ocho de Caixabank, visto para sentencia: “La insumisión es un derecho ante normas injustas”

Ya habían avisado y así lo hicieron: los activistas conocidos como los ocho de Caixabank no se han presentado al juicio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara. El proceso ha quedado visto para sentencia, a pesar de la ausencia de los activistas a quienes se juzga por encerrarse en una sucursal bancaria hace ya siete años.

La vista judicial se ha podido celebrar sin la presencia de los investigados, ya que la acusación particular de Caixabank finalmente se ha adherido a la petición de la Fiscalía de doce meses de prisión por desobediencia y allanamiento. La acusación solicitaba penas de hasta tres años y medio de cárcel, pero finalmente ha renunciado a su petición por delitos de coacciones y de ocupación de sede jurídica. Esto ha permitido que la vista se celebrase sin la participación de los investigados.

En el juicio han declarado agentes de la Guardia Civil, representación de Caixabank y también un concejal del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, donde ocurrieron los hechos que se juzgaban este lunes, según confirman fuentes de Amnistía Internacional a elDiarioclm.es. La organización ha acudido al juicio como entidad observadora.

Aunque los activistas no entraron al juicio, sí se concentraron desde primera hora de la mañana en las puertas del juzgado, acompañados por ciudadanos y organizaciones como la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara o Amnistía Internacional.

“El nivel de respaldo nos está sorprendiendo”, declaraba el activista Diego Herchhoren, uno de los encausados. “Hemos conseguido que, independientemente del resultado del juicio, se entienda la insumisión judicial como un derecho”, reflexionaba en declaraciones a elDiarioclm.es. “Sobre todo como un derecho ante normas injustas, ante procedimientos injustos”, recalcaba.

En la vista, desde la representación legal de los acusados han incidido en que por parte de los acusados no había intención de causar daños ni intencionalidad dolosa, sino que se trataba de una muestra de solidaridad con Paola, la persona que iban a desahuciar, según recoge Europa Press.

Los hechos por los que se les ha juzgado se sitúan en el 2017, año en el que los imputados accedían a una oficina de CaixaBank en Cabanillas del Campo para acompañar a una mujer, Paola, que iba a ser desahuciada de la vivienda que ocupaba, hechos por los que fueron detenidos todos ellos. Una vista que se ha prolongado varias horas, tiempo durante el cual los acusados han estado a las puertas de los juzgados.

Llevan más de siete años de espera y este lunes, apoyados este lunes por AIKE Guadalajara, Abriendo Fronteras, Rincón Lento, Podemos, Izquierda Unida, Confederación Nacional del Trabajo, Plataforma Feminista, el Sindicato Comisiones de Base, STAS-Intersindical, el Sindicato de Estudiantes, Centro Social Octubre, Izquierda Revolucionaria y Partido Comunista de España, han vuelto a insistir en que se trata de un juicio político ante el cual se declaran insumisos.

Desde Amnistía han pedido la absolución a los acusados, al entender que es una “criminalización” del derecho de protesta y que los delitos son absolutamente “desproporcionados” ante la situación. “Sobre todo pedimos que se tome en cuenta el informe de la Guardia Civil que dice que ha habido una resistencia totalmente pasiva y que en ningún caso el objetivo era perturbar el funcionamiento de las oficinas de la Caixa”, recalca Verónica Barroso, una de las personas miembro de Amnistía Internacional que acudieron al juicio.

Este medio se ha puesto también en contacto con Caixabank para recabar una valoración del proceso, pero la entidad bancaria ha declinado hacer declaraciones.