“Seguimiento exhaustivo” para garantizar los derechos de los vigilantes de seguridad
Tras varias semanas de protestas por su situación laboral, los vigilantes de seguridad del Gobierno de Castilla-La Mancha han conseguido que su denuncia llegue hasta las Cortes regionales. En concreto gracias un debate general presentado por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la política en materia de seguridad y vigilancia en dependencias y edificios de la Junta de Comunidades.
El servicio de seguridad y vigilancia en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara se ha adjudicado a la UTE formada por las empresas Cyrasa y Sinergia, y ésta última tiene un convenio propio con salarios y derechos muy por debajo del convenio estatal del sector lo que tiene como consecuencia unos salarios un 40% más bajos que las demás empresas y una jornada mensual de 183 horas en lugar de las 162 horas que tienen las empresas de la competencia que sí aplican dicho convenio. Y estas bajas condiciones son las que tienen alarmados a los 130 trabajadores de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
El debate lo ha abierto el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha recordado que la licitación y adjudicación del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios administrativos de la Junta de Comunidades y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en estas tres provincias se ha ceñido a la legislación vigente en materia de contratación pública y que la Administración regional ha introducido una cláusula que facilitará instar a la resolución del contrato en el caso de que la empresa adjudicataria no aplique el convenio estatal del sector.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha aclarado que desde la Administración regional se considera que la UTE que resultó adjudicataria de este contrato, no puede aplicar el convenio que tiene aprobado una de las empresas que forma parte de la misma y confía en que aplique el convenio sectorial, como se recoge en la licitación.
Ruiz Molina ha recordado que la nueva adjudicataria de este contrato comenzó a prestar el servicio hace sólo unas semanas, el pasado día 1 de mayo, momento desde el que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está haciendo un “exhaustivo seguimiento de la prestación” que lleva a cabo esta UTE y de que cumple con lo recogido en el pliego de condiciones.
Así las cosas, el consejero, que se ha mostrado confiado en que esta UTE no aplique su convenio, ha pedido “dar un margen de confianza a la nueva adjudicataria” y esperar al 31 de mayo para ver si las retribuciones de los trabajadores son las estipuladas en el convenio estatal.
Podemos advierte al consejero
El diputado del Grupo Parlamentario Podemos, José García Molina, ha prometido, según recoge Europa Press, que pedirá la dimisión del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en caso de que “no garantice” los derechos de los trabajadores del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios de la Administración regional y no resuelva el contrato de adjudicación, si la adjudicataria merma su salario y no les aplica el convenio estatal.
“Usted ha hecho dos promesas muy claras. Yo he hecho una, y ésta sí pienso cumplirla”, le ha advertido García Molina, que ha realizado esta promesa en sede parlamentaria.
El PP acusa al consejero de “decir barbaridades”
El diputado 'popular' Francisco Núñez, ha acusado al titular regional de Administraciones Públicas de ser “más chulo que un ocho, de mentir y de decir michas barbaridades”, como la de pedir esperar hasta el 31 de mayo para ver si la empresa cumple o no. “Sólo por esa afirmación tendría que dejar su cargo”, le ha espetado.
Después de asegurar que si el actual Ejecutivo hubiera hecho el mismo pliego que hizo el Gobierno de Cospedal no habría este problema, le ha acusado de cumplir el objetivo de déficit “a costa de las familias de estos trabajadores, pues con esta adjudicación se ha ahorrado 350.000 euros”.
Tres resoluciones aprobadas
Este debate, según recoge Europa Press, ha concluido con la aprobación de tres resoluciones, una por grupo. La de Podemos, que ha visto la luz al contar con los votos de la bancada 'popular', instaba al Gobierno regional a regular de manera “inmediata” el contrato con esta UTE para que cumpla las obligaciones del convenio estatal, a exigir a que las adjudicatarias apliquen a sus trabajadores los convenios más favorables y a firmar el III Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo.
De igual modo, el PSOE ha logrado sacar adelante su propuesta, con los votos de Podemos, que pide al Gobierno regional resolver este contrato en cuestión en caso de que la empresa no aplique el convenio estatal, y al central a derogar la Reforma Laboral.
Por último, el texto del PP, que ha visto la luz gracias a la abstención de los dos diputados de la formación morada, exigía al Ejecutivo autonómico garantizar las condiciones laborales de estos trabajadores y que no vean reducido en un 40 por ciento su salario.
