Castilla-La Mancha redefine su mapa de contaminación por nitratos entre críticas ciudadanas y del sector agrario

Castilla-La Mancha es la región de España con mayor superficie de zonas vulnerables a nitratos, tanto en hectáreas (3,7 millones de hectáreas), como en porcentaje sobre la superficie total (el 46,4%), según el Ministerio de Transición Ecológica.

Esto ha tenido un efecto en la calidad del agua del grifo, según Ecologistas en Acción que alude a datos del Ministerio de Sanidad: desde 2016, 58 municipios de la región han superado “en algún momento” los 50 miligramos de nitratos por litro de agua, lo que implica, dicen, “que el agua deja de ser potable debido a los riesgos para la salud que suponen las elevadas concentraciones de nitratos”.

En marzo de 2024, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a España por no tomar suficientes medidas ante la creciente contaminación por nitratos. Uno de los gobiernos señalados fue el de Castilla-La Mancha.

Ahora el Ejecutivo castellanomanchego prepara un nuevo decreto que permita “garantizar” la reducción de la contaminación de las aguas causada o inducida por nitratos procedentes del sector agrario y prevenir su extensión. Es obligatorio porque lo marca una Directiva Europea. Hay que definir las zonas vulnerables a nitratos para actuar sobre ellas reduciendo el uso de fertilizantes nitrogenados y de purines. Los agricultores y ganaderos deberían adaptar sus prácticas (este no es el primer decreto) para evitar contaminar.

El decreto incluye un programa de actuación y un listado de “medidas adicionales y reforzadas”, establece un programa de control y seguimiento para evaluar la eficacia de las medidas, define el régimen sancionador e incluye revisar el código de buenas prácticas agrarias.

El sector agrario pide “compensaciones” y apuntan a otras fuentes contaminantes

La propuesta no gusta ni al sector agrario, ni a Stop Ganadería Industrial ni a Ecologistas en Acción que rechazan la masiva implantación de macrogranjas porcinas.

De un lado, colectivos como la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II critican la “notable falta de precisión” en los criterios utilizados para designar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Dicen que no hay información “clara” sobre qué parámetros técnicos y científicos lo avalan. De otro lado, lamentan “el impacto económico” de esta normativa para los agricultores porque, dicen, “se verán directamente afectados por las restricciones impuestas”.

Piden compensaciones económicas, ayudas técnicas y formación especializada para los agricultores, que les permitan adaptarse “de manera gradual y efectiva” a las nuevas exigencias ambientales.

Y no solo eso, reclaman que el decreto excluya de forma “explícita” a los regantes de “cualquier responsabilidad derivada de la contaminación difusa o de otras formas de degradación ambiental atribuibles a factores externos o a decisiones administrativas ajenas a su control directo”.

Este colectivo del que forman parte 9.000 usuarios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo consideran que la Junta de Castilla-La Mancha debe tener en cuenta otros posibles focos de contaminación distintas a las agrícolas: desde los núcleos de población, hasta las industrias y vertidos urbanos. Lo ven “crucial” para evitar “la imposición de restricciones desproporcionadas a los agricultores sin un análisis riguroso de todas las causas de contaminación que afectan a las masas de agua”.

Y si hay que limitar el uso de fertilizantes, también sugieren estudios “específicos” para cada tipo de cultivo. Incluso piden un manual de buenas prácticas -que ya incluye el decreto-, pero “basado en tecnología validada científicamente”.

Se hace caso omiso a (algunas) confederaciones hidrográficas

El decreto que prepara el Gobierno de Emiliano García-Page reconoce que forma expresa que, pese a que las prácticas agrarias han mejorado “notablemente” en las últimas décadas desde un punto de vista ambiental, “siguen contribuyendo de forma significativa a la contaminación de las aguas”.

De hecho nuestro país es incapaz de limpiar sus acuíferos de la contaminación por nitratos. Las cuencas de los ríos Guadiana, Jarama o Tajo están entre las más contaminadas, según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica. El año pasado otro estudio de Ecologistas en Acción apuntó que más de 200.000 personas tienen contaminada el agua del grifo. Hay afectados en todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Por eso, Stop Ganadería Industrial considera insuficiente el decreto que prepara el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Las medidas reforzadas que proponen no están completas y además no se aplican nunca”, lamenta Toni Jorge, portavoz del colectivo.

Critica que la propuesta no incluya las recomendaciones de las confederaciones hidrográficas en informes emitidos entre 2020 y 2024 como las de la Confederación del Guadalquivir. En 2020 ya avanzaba “la necesidad de aumentar las inspecciones in situ y el establecimiento de medidas más coercitivas contra las malas prácticas”, recuerda Toni Jorge.

O la Confederación Hidrográfica del Segura que en 2024 iba “más allá”, dice el portavoz del colectivo ciudadano. “Dicen que la aplicación hasta la fecha de los programas de acción no ha logrado la reversión de la problemática de la contaminación por nitratos de origen agrario en las aguas continentales”, sostiene Toni Jorge. Este organismo de cuenca propone medidas reforzadas como la “prohibición de transformación de terrenos en regadío en las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y de la implantación de nuevas instalaciones, o la ampliación de las existentes, destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas”.

Stop Ganadería Industrial Castilla-La Mancha y Ecologistas en Acción han presentado alegaciones al borrador del decreto y acusan a la Junta de Comunidades de hacer caso omiso a esas recomendaciones. “Es un despropósito que se aumente la cantidad de nitrógeno permitida en algunos cultivos de regadío y que se admita como garantía una simple declaración responsable en el plan de gestión de purines”.

Toni Jorge también lamenta las propuestas del sector agrario cuando piden compensaciones. “Siempre se socializan las pérdidas, nunca las ganancias”, ironiza para criticar la posición de la “agroindustria”, los grandes tenedores agrarios. “Normalmente no son los pequeños agricultores los que alegan. A ellos no les llegarán esas compensaciones y hay que ayudarles a cambiar de modelo. Estamos asistiendo a un proceso de concentración de la propiedad de la tierra”.

Tragsatec habla de control insuficiente y aumento de contaminación

Stop Ganadería Industrial y Ecologistas en Acción también pone el foco el informe CSIC-Tragsatec sobre la cuestión. Su análisis sugiere que la red de estaciones de control de aguas subterráneas es insuficiente. Está limitada y eso dificulta una evaluación precisa de la contaminación por nitratos.

El informe también concluye que sigue aumentando la contaminación. Lo dicen los datos que recogen esas estaciones de control dentro de las zonas consideradas vulnerables, con una excepción: el Campo de Montiel.

Como causas de esta situación, el informe habla de la transformación de terrenos de secano a regadío. Eso incrementa la necesidad de fertilizantes. De forma reciente, el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page abogaba por “seguir creciendo en regadío”. “No lo entendemos”, comenta Toni Jorge.

Tragsatec y CSIC proponen además dos zonas nuevas para estudio con vistas a una posible declaración futura como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. Se trata de Molina de Aragón (Guadalajara) y la Sierra de Altomira, en Cuenca. Ambas suman 4.624 km2 más y se encuentran fuera de los límites de las Zonas Vulnerables (ZVN) actualmente designadas.

El informe también recuerda que Castilla-La Mancha sigue creciendo en número de explotaciones ganaderas intensivas, responsables de la generación de purines que contaminan los acuíferos.

Ese crecimiento que cita el informe será aún mayor, por cierto, teniendo en cuenta que desde enero ya no está vigente la moratoria para la instalación de macrogranjas porcinas y se ha levantado la veda de nuevas explotaciones. En cola para su reactivación en esa fecha había 61 proyectos en toda la región.

El Gobierno castellanomanchego apuesta ahora por un plan para el biometano con horizonte 2030. El Ejecutivo regional presume de la capacidad para producirlo, debido al elevado volumen de residuos orgánicos en el territorio, hasta 15 millones de toneladas. El plan será prioritario precisamente en zonas vulnerables a los nitratos.

Tanto los colectivos ecologistas como las plataformas ciudadanas contra las macrogranjas vienen defendiendo que lo que se busca en realidad es “satisfacer las demandas del 'lobby' gasista y de la industria cárnica, la más mimada por los mandatarios castellanomanchegos”.

¿Por qué no han funcionado las medidas para frenar la contaminación?

El decreto que prepara el Gobierno regional no es el primero. Desde 1998 la Junta de Castilla-La Mancha ha dictado 11 normas relativas a la lucha contra la contaminación por nitratos, según Stop Ganadería Industrial.

La pregunta que se hace este colectivo es por qué las medidas no han funcionado. La contaminación, sostiene su portavoz, Toni Jorge, sigue creciendo. “Se aplica la misma receta que no funciona una y otra vez”. Por eso pide una “profunda reflexión”. 

“Entendemos que la agricultura es necesaria, pero son necesarias otro tipo de prácticas que tendrá que propugnar la Administración regional o las cosas seguirán empeorando. ¿O es que vamos a seguir haciendo lo de siempre, que beneficia a los de siempre y fastidia a los de siempre y al medio ambiente?, se pregunta.