El principal acusado de la trama eólica asegura que las negativas a proyectos se debían a la solvencia financiera

Este jueves ha continuado la declaración del principal acusado en el caso de la Trama Eólica, el exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Rafael Delgado, en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de autorizaciones para parques eólicos durante la década de los 2000. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él más de 40 años de prisión y multas millonarias, aunque Delgado volvió a negar haber recibido dádivas o intervenido en operaciones ajenas a la legalidad, y sostuvo que las denegaciones de proyectos respondían a criterios estrictamente técnicos, en particular a la solvencia financiera de las empresas promotoras.

El exviceconsejero ha insistido en que la capacidad económico-financiera de las compañías era un requisito establecido tanto por la normativa autonómica como por la estatal, y ha recordado que la Administración aplicaba el silencio negativo una vez transcurrido un año desde la presentación de la solicitud si la empresa no acreditaba recursos suficientes. Según ha explicado, esa valoración correspondía de manera ordinaria a los servicios territoriales de Industria y a la Dirección General de Energía y Minas, que emitían los informes previos y canalizaban gran parte del trabajo administrativo.

Delgado ha defendido que la Viceconsejería actuaba como un órgano de apoyo y no de decisión, responsabilidad que ha descargado en el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva. En esa línea, ha reiterado, como ya hiciera en la sesión de este miércoles, que Villanueva era el encargado de mantener reuniones con grandes eléctricas y empresas promotoras, con las que abordaba tanto el ritmo de implantación de nuevos parques como la distribución de potencia disponible en los nudos de evacuación gestionados por Red Eléctrica de España. El acusado ha afirmado que desconocía muchos de esos encuentros y que los conoció años después, cuando pudo consultar la documentación judicial.

“Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”

El exviceconsejero también ha contextualizado el incremento de autorizaciones registrado entre 2006 y 2007, que ha atribuido al cambio regulatorio previsto a nivel estatal. Según su versión, aquella circunstancia generó una avalancha de solicitudes que obligó a acelerar trámites, siempre siguiendo, como ha asegurado, los informes emitidos por los departamentos competentes. “Yo firmaba lo que me proponía la Dirección General”, ha apostillado, recalcando que no intervino en la selección de socios locales ni en decisiones sobre participaciones societarias.

Sobre las sociedades Samuño Activos y Delgado Núñez Activos, en torno a las cuales la acusación pretende acreditar una estructura instrumental asociada al cobro de comisiones ilegales, Delgado ha negado haber percibido dinero de empresas beneficiadas por autorizaciones eólicas y aseguró que nunca dio instrucciones de paralizar expedientes o condicionar la obtención de permisos a la entrada de socios locales.

Rodríguez Recio asegura que recibió 4,5 millones por intermediar de manera legal

Tras concluir el turno del exviceconsejero, tomó la palabra el también acusado Jesús Rodríguez Recio, abogado y empresario a quien la Fiscalía sitúa como presunto testaferro de Delgado y se le piden se le piden diez años y medio de cárcel y multa de 25 millones. Rodríguez Recio, que se defiende a sí mismo en la causa, supuestamente tomo parte en operaciones de intermediación consideradas irregulares como de su vínculo con sociedades vinculadas a Delgado.

Este acusado ha defendido que todas sus actuaciones se basaron en contratos de prestación de servicios, acuerdos profesionales y operaciones mercantiles amparadas por la legalidad vigente. El encausado ha reconocido que ejerció labores de intermediación para Avanzalia System en 2007, en plena expansión del negocio eólico, pero negó que esas gestiones escondieran pagos encubiertos o favores ilícitos destinados a desbloquear autorizaciones administrativas.

En su relato, ha explicado que él y el también empresario Francisco Aguirre —fallecido y considerado una pieza importante en varias operaciones de la época— fueron contratados por Avanzalia para facilitar la adquisición de los parques Peña Cabra y Pico Milano, así como para resolver un problema técnico de evacuación eléctrica que afectaba a otra instalación. Según ha indicado, esas tareas requerían contactos profesionales, negociaciones con terceros y la intervención de especialistas conocedores del mercado energético, algo que justificaba la cuantía pactada, como ha señalado.

Rodríguez Recio ha reconocido que Avanzalia les pagó 4,5 millones de euros, una cifra elevada pero muy inferior a los 10 millones inicialmente acordados en el contrato. Asimismo, ha matizado que su cliente justificó el impago del resto alegando que los parques adquiridos “no eran muy buenos”, lo que dio origen a desacuerdos que nunca llegaron a resolverse y que, según ha añadido, se han arrastrado hasta la actualidad en paralelo a la causa penal.

El acusado también ha ofrecido detalles sobre la forma en que se canalizaron los pagos: a través de sociedades panameñas creadas para la ocasión y con fondos recibidos en Mónaco que posteriormente fueron transferidos a nuevas sociedades abiertas en Suiza en 2008. Según ha justificado el abogado ese circuito económico afirmando que fue Avanzalia quien impuso esas vías para completar la operación y defendió que no había en ello intención de ocultar patrimonio, sino de ajustarse a las condiciones pactadas con el cliente. Rodríguez Recio ha comentado que el propio Aguirre cobró parte del acuerdo mediante la entrega de un coche de lujo valorado en 70.000 euros, un elemento que, dijo, evidencia que los pagos se ajustaban a fórmulas diversas según lo convenido con su interlocutor.

Niega ser el testaferro de Delgado

Durante su intervención, Rodríguez Recio ha tratado en varias ocasiones de desmontar la acusación de que actuara como testaferro de Delgado. Ha señalado que su relación con el exviceconsejero era de amistad y colaboración profesional, pero negó haber gestionado fondos en su nombre o encubierto movimientos patrimoniales ajenos. En este punto, ha explicado con detalle la compra de un piso en el paseo Zorrilla de Valladolid realizada por la sociedad Samuño Activos, cuyo administrador era Delgado. El encusado ha explicado que esa adquisición estaba motivada por la intención de instalar allí la sede de las sociedades que ambos habían decidido poner en marcha una vez que Delgado abandonó la Junta en 2011, y que el inmueble se adquirió directamente a una entidad bancaria, sin intermediarios y con un precio acorde al mercado.

El abogado ha apuntado en que toda la actividad económica que desarrolló —ya fuese mediante sociedades creadas junto a Delgado o en operaciones con terceros— se realizó con documentación contractual, pagos registrados y causas mercantiles objetivas. Asimismo, ha matizado incluso el turno de palabra para recalcar que, como abogado, hubiera evitado cualquier movimiento que pudiera interpretarse como irregular o incompatible con la normativa tributaria, y atribuyó su situación procesal a la interpretación que diversas partes hicieron de operaciones complejas en un contexto empresarial que, según dijo, se movía con rapidez y bajo un marco regulatorio cambiante.

También ha afirmado que parte de los fondos obtenidos en estas operaciones, más de 700.000 euros, quedaron inmovilizados o se perdieron tras la apertura de la causa, al quedar bloqueadas diversas cuentas vinculadas a las sociedades investigadas. “El resultado final fue desastroso”, ha apuntado, en referencia a la situación económica y profesional en la que asegura haber quedado tras el inicio de las pesquisas judiciales.

La sesión terminó antes de que el fiscal concluyera el interrogatorio al acusado, por lo que su declaración continuará en la próxima vista el lunes 15.