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Aragonès explica al juez que el CNI lo espió mientras negociaba con el PSOE en 2020

Pere Aragonès, a las puertas de la ciudad judicial este miércoles

Oriol Solé Altimira

Barcelona —

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El espionaje que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llevó a cabo mediante el programa Pegasus sobre Pere Aragonès se produjo en momentos de “relevancia política”, como la negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez en 2020 o la mesa de diálogo entre Generalitat y Gobierno.

Así lo ha explicado el president este miércoles en su declaración como denunciante en la causa que el juez de Barcelona Santiago García tiene abierta contra el CNI por el espionaje sobre el dirigente de ERC. Aragonès ha declarado durante unos 45 minutos.

Según fuentes jurídicas, Aragonès ha trasladado al juez que los “indicios” de infiltración en su teléfono empiezan, aproximadamente, en julio de 2018 y finalizan en marzo de 2020, en el arranque de la pandemia del coronavirus. 

Aragonès ha responsabilizado al CNI de las infiltraciones y las ha vinculado con el deseo de los servicios de inteligencia de obtener documentos y escuchas de su móvil en momentos de “relevancia política”, pues el uso del 'software' Pegasus habría coincidido con sucesos clave de la política catalana y española.

Entre los eventos espiados, Aragonès ha detallado varias mesas de negociación entre el Gobierno y Generalitat durante la legislatura del Govern de Quim Torra, las conversaciones con el PSOE previas a la investidura de Sánchez en 2020 que contó con el concurso de ERC.

Según las mismas fuentes, el president también ha expresado al magistrado que la infiltración también habría permitido al CNI obtener documentos y conversaciones que en aquellos años mantenía con representantes políticos, de la banca y la economía, pues por entonces era vicepresident del Govern y conseller de Economía.

La declaración como víctima de Aragonès es, hasta la fecha, el único paso en la investigación que el juez ha logrado completar debido a la falta de respuesta del Gobierno a su solicitud para desclasificar documentos, un elemento clave para el futuro del caso.

El juez ha pospuesto para el próximo mes de enero la declaración como imputada de la exjefa del CNI Paz Esteban, único cargo gubernamental investigado por Pegasus, ya que el Gobierno todavía no ha respondido a su petición para levantar el secreto a los documentos.

Sin el aval a desclasificar papeles del Ejecutivo, la declaración de Esteban está condenada al fracaso, toda vez que por ley la exjefa de los espías está obligada a mantener el secreto de las actuaciones del CNI. En suma, para esclarecer los motivos que llevaron a infectar con Pegasus el móvil del president resulta imprescindible que el Gobierno acceda a la detallada solicitud del juez para que retire la reserva de los documentos del CNI que probarían la infiltración en el móvil de Aragonès.

En declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, el president ha instado al Ejecutivo a desclasificar los datos solicitados por el magistrado ya que, a su juicio, el Gobierno de Sánchez tiene la “obligación ética y moral” de colaborar con la investigación.

A la espera de la respuesta del Ejecutivo, el magistrado de control del CNI en el Tribunal Supremo, Pablo Lucas, ha contestado al juez de Barcelona que no le enviará los autos que le solicitó y por los que autorizó el uso de Pegasus en Aragonès porque el Gobierno todavía no ha decidido si desclasifica la información a día de hoy secreta. 

Siempre que el Gobierno no mantenga el velo sobre los datos solicitados por el juez, la causa de Aragonès es la que tiene visos de lograr más avances de entre todas las denuncias de independentistas interpuestas por el caso Pegasus. De la media docena de causas abiertas en los juzgados barceloneses, ninguna ha llegado a buen puerto por la falta de colaboración de Israel, que protege los intereses empresariales de NSO Group, la empresa que vende el ‘software’ espía.

Solo dos jueces han acordado pedir al Gobierno, tal y como manda la ley, desclasificar información secreta del CNI. En el primer caso, el Ejecutivo se negó a proporcionar los datos al aducir que no había espiado a los dirigentes republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba. Pero esta excusa ya no es válida con Aragonès, que fue uno de los nombres que el centro reconoció haber espiado, siempre con aval del Tribunal Supremo.

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