Aragonès pide imputar a la exdirectora del CNI por el “espionaje político” con Pegasus

Pere Aragonès, en una imagen de archivo

Han pasado casi tres meses desde que el laboratorio canadiense Citizen Lab desvelara el espionaje a decenas de políticos, activistas, abogados y periodistas soberanistas. Tras anunciarla en varias ocasiones, este miércoles el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentado en los juzgados de Barcelona su querella contra la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, a la que acusa de promover el “espionaje político” contra los independentistas y pide que declare como imputada.

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El alud de diligencia solicitadas por Aragonès busca reactivar la investigación por el 'hackeo' a los independentistas, a día de hoy dividida en varios juzgados y estancada. Una de las causas, la de los republicanos Ernest Maragall y Roger Torrent, incluso se ha archivado por el silencio de Israel. En cambio las pesquisas del 'hackeo' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí avanzan en la Audiencia Nacional y este mes el juez viajará a Israel, sede de la empresa del 'software' espía, NSO Group.

En este sentido, la defensa de Aragonès, que ejerce el penalista Andreu Van den Eynde, solicita al instructor en el que recaiga la querella en Barcelona que participe en el viaje a Israel que realizará el juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje a Sánchez “para averiguar las circunstancias” del 'hackeo' “sin desperdiciar más recursos públicos con investigaciones paralelas”. Y reclama adjuntar a las pesquisas de Barcelona una copia de todo lo investigado en la Audiencia Nacional.

Tal y como pidieron otros espiados sin éxito, Aragonès solicita al juez que requiera a la filial de NSO Group en Luxemburgo y a su central en Israel para que certifique con documentos si ha comercializado Pegasus con organismos del Estado español, además de concretar si guarda archivos del espionaje. NSO Group, argumenta la defensa, “tiene que disponer de sistemas de comprobación de la legalidad del uso de sus herramientas tecnológicas”. Si no los tiene, agrega, se agudizaría la ilegalidad de sus actividades o bien se constataría que dichos sistemas “no son suficientemente efectivos como para dar lugar a situaciones de espionaje político masivo por actores gubernamentales”.

Recuerda la defensa que la infección al teléfono de Aragonès –reconocido por la propia Esteban en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso– se produjo en enero de 2020, en un contexto de “múltiples eventos personales, profesionales y políticos, algunos vinculados al período de negociaciones para la investidura” de Pedro Sánchez y previos a la inhabilitación de Quim Torra, cuando el ahora president era vicepresident de la Generalitat.

Aragonès también solicita al juez que pida al CNI si ha adquirido Pegasus o cualquier otro producto similar a NSO Group; los funcionarios y responsables que participaron en el encargo; y los datos del 'hackeo' que conserven. En paralelo, la defensa reclama que el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del estado aporten documentos contables sobre si el CNI pagó por Pegasus a NSO u otros productos de interceptación masiva de comunicaciones.

No se olvida Aragonès del juez del Tribunal Supremo que, según la versión del CNI, autorizó la intervención de los teléfonos: el president pide al juez que exhorte al magistrado del Alto Tribunal Pablo Lucas Murillo de la Cueva para que certifique si avaló el uso del 'software' espía, y que en caso positivo remita los autos judiciales que lo argumentaron.

De ser así, abunda Aragonès, la querella se ampliaría por un delito de prevaricación contra Murillo, ya que su eventual autorización “no tendría ningún efecto justificativo” del espionaje, dado que la ley “no permite investigar a ciudadanos por razones políticas” y no hay ningún supuesto que “legitime una monitorización o espionaje legal”.

La autorización judicial del espionaje a Aragonès “será, con toda probabilidad, objeto de una ampliación de querella por delitos de prevaricación judicial, ya que no puede existir ninguna justificación para la utilización de un 'software' de monitorización absoluta”, agrega la querella.

A juicio de Aragonès, la existencia y adquisición de Pegasus es ya de por sí delictiva al tratarse de una “ciberarma diseñada para victimizar a través de fórmulas no amparadas por la ley española, que convierte el programario en una herramienta ilegal per se”. “Hay que tener en cuenta que el programa Pegasus es una herramienta, además, que solo está autorizada para la investigación de actos de terrorismo y criminalidad organizada graves (como redes de pornografía infantil)”, apostilla la querella.

Al margen de la declaración de Esteban como investigada, Aragonès solicita su propia declaración como víctima además de la testifical de la actual jefa del CNI, Esperanza Casteleiro, y del consejero delegado de NSO Group, Shalev Hulio.

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