Barcelona multará al propietario de La Rimaia por mantener el edificio vacío durante décadas
Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y la propiedad de la finca donde se encuentra la Nova Rimaia los últimos meses no han fructificado; el consistorio pretendía destinar los inmuebles a alquiler social pero la propiedad se ha negado en todo momento. Todo apunta a que, de ahora en adelante, todavía será más complicado un entendimiento entre el consistorio y el dueño de la vivienda ocupada en el barrio del Raval: el Ayuntamiento pretende multar a la propiedad por mantener el edificio vacío durante décadas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este miércoles un expediente por “utilización anómala” del edificio de la Nova Rimaia. El inmueble, que lleva vacío desde el año 1993 de forma “injustificada” –argumenta el consistorio, incumple el artículo 41 de la Ley del Derecho a la Vivienda. En concreto, la “función social de la propiedad” al haber rechazado “de forma reiterada” las medidas de fomento para movilizar los pisos hacia el alquiler.
Según ha informado el Ayuntamiento, el expediente de declaración de situación anómala se abrirá en cinco de las viviendas de la finca con multas coercitivas de 5.000 euros por cada vivienda, 25.000 euros en total por toda la finca. El consistorio ha explicado que se pueden incoar hasta tres multas coercitivas por el mismo concepto: la segunda de 10.000 por cada piso y la tercera de 15.000 euros. Si el expediente derivara en un expediente sancionador –cuando la infracción no es corregida durante el procedimiento– la cantidad máxima prevista para este tipo de infracción sería de 500.000 euros.
“El hecho de que la finca haya sido ocupada de forma intermitente y de forma irregular durante este periodo de tiempo no es justificación para la propiedad por no haber cumplido con la función social de la vivienda”, ha aclarado el consistorio municipal, que también ha destacado que ya existe jurisprudencia al respecto.
Este es un capítulo más de una ocupación que dura más de un año y que las últimas semanas ha vivido una intrincada relación de fuerzas entre el Ayuntamiento, la propiedad y la justicia. Si bien el juez desestimó la petición del Ayuntamiento de suspender el desahucio de la Rimaia, la Fiscalía aceptó días después la suspensión del desalojo del centro social.
Entre medias, tal y como adelantó La Directa, las comunicaciones entre los propietarios de La Rimaia, los Mossos y el juzgado dejaron al descubierto que el desalojo cautelar se acordó basándose en información falsa. El Ayuntamiento corroboró que la empresa Camat SL no contaba con ninguna licencia de obras, contrariamente a lo que había argumentado la promotora. El gobierno municipal (BComú y PSC) y la CUP siguen reclamando la suspensión de la orden de desalojo al juez.
La Nova Rimaia fue ocupada el pasado mes de marzo tras una manifestación en homenaje al activista Pablo Molano. A la vez, esta ocupación es heredera de varias ocupaciones, una de ellas también en la finca actual, desocupada en 2015 en menos de 24 horas.
