La unidad antidesahucios de Ada Colau duplica la asistencia a familias en riesgo en dos años

El Ayuntamiento de Barcelona ha multiplicado en los últimos años la asistencia a familias que están en riesgo de desahucio. Si en 2015 atendió 1.020 casos, en 2017 se ha ocupado de 2.351, más del doble. Eso sí, son muy pocas las veces en que se consigue la solución más deseada, que la familia mantenga su casa. Esto solo ocurre en un 16% de las negociaciones. Para el resto, el consistorio debe encontrar alternativas que van desde ayudas al alquiler hasta pensiones municipales. En ninguno de los casos, aseguran, el afectado acaba en la calle.

Estas son las cifras que ha aportado la alcaldesa Ada Colau este martes sobre la actividad de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), el equipo que puso en marcha en 2015 para evitar los desahucios en Barcelona. El año pasado hubo 2.519 en la ciudad, un 18% menos que hace dos años, pero suficientes como para que siga suponiendo uno de los principales problemas de emergencia social de la ciudad.

En este contexto, la UCER ofrece asistencia y mediación a aquellas familias que se encuentran en un proceso de desahucio, a menudo consistente en mediar con la propiedad. Si en 2015, antes de su creación, los servicios sociales atendieron a 1.020 familias en esta situación, dos años después la UCER ha intervenido en 2.351 nuevos casos. “El objetivo es que la familia no tenga que pasar por el apuro de un traslado, pero esto solo lo hemos conseguido en el 16% de los casos”, ha reconocido Colau. De ellos, la mayoría han sido negociaciones con pequeños propietarios.

“Solo el 3% de los casos en que la familia se queda en su casa es como resultado de un acuerdo con entidades financieras”, ha lamentado el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, que ha asegurado tener “grandes dificultades” con los bancos.

Un 41% de expedientes resueltos en un año

Las soluciones que ofrecen las UCER pueden ser muy variadas en función del tipo de familias o del tipo de vivienda (el 51% de los casos son alquileres), y muchas veces el Ayuntamiento alarga las negociaciones y aplaza más de una fecha de desahucio a la espera de encontrar una salida. Por este motivo, en 2017 el consistorio ha gestionado los 2.351 casos de nuevas familias en riesgo más 917 procesos que acumulaba de 2016. Y de todos ellos, un 59% siguen en conversaciones abiertas.

Es en el 41% de los casos en los que la UCER no ha frenado la determinación de la propiedad de echar a los inquilinos, con lo que ha tenido que ofrecer soluciones alternativas. Son los expedientes resueltos: 1.362 en 2017.

En estos casos, según los datos del consistorio, a la mayoría se les ha dado salida con soluciones mixtas, es decir, con recursos residenciales privados (pisos de conocidos o nuevos alquileres en Barcelona o las afueras) pero con ayuda de fondos públicos.

Solo en el 42% de los casos la salida la ha cubierto enteramente el consistorio. En estos casos, y por orden de frecuencia, las opciones a las que ha recurrido la UCER han sido pisos municipales o de protección oficial, ayudas al alquiler para que se puedan quedar en su casa y pisos de uso temporal como pensiones o vivienda de inclusión.

Llevar los desahuciados al despacho del ministro

Como siempre que se refiere al problema de vivienda de la ciudad, Colau ha exigido una vez más al Gobierno de Mariano Rajoy que intervenga para frenar las situaciones de emergencia con medidas como la regulación de los precios del alquiler o la puesta a disposición de las administraciones de los pisos vacíos propiedad de los bancos. “O toman medidas excepcionales o al final llevaremos a los miles de casos de desahucios al despacho del ministro [de Fomento] para que no pueda mirar para otro lado”, ha desafiado la alcaldesa.

Colau ha cargado también contra la iniciativa del PDeCAT, con posible apoyo de PP y Ciudadanos, que se vota este martes en el Congreso para agilizar el desalojo de viviendas ocupadas sin alternativa habitacional. “Justo cuando las grandes ciudades hemos encendido la alarma por la situación de emergencia habitacional, esta reforma va en el sentido contrario y no se responsabiliza de las consecuencias que pueda tener sobre las familias más vulnerables”, ha lamentado.