Independencia y soberanismo son dos conceptos actualmente confusos, pues se interpretan en clave decimonónica, lo cual no corresponde al marco económico, político y cultural. ¿Qué independencia? ¿Somos Estados independientes en Europa? Dependemos del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la OTAN. Formamos parte de la Unión Europea, sus normas se imponen a la legislación española. Dependemos de los organismos reguladores y desreguladores del sistema financiero internacional.
A pesar del centralismo uniformista de gran parte de la casta política española y de la alta burocracia, incluida la Judicatura, la gestión de las infraestructuras y el control de los principales medios de comunicación, los poderes locales y autonómicos poseen cuotas de poder importantes. El Estado español presume de su soberanía porque en gran parte carece de ella. Pero ciertamente existe, tiene un poder relativo, capaz de hacer daño a los territorios sobre lo que gobierna aunque pese muy poco en el concierto internacional.
Se puede argumentar que el Estado español, cúanto más fuerte sea, mejor nos defenderá, en Europa principalmente. Es un argumento a favor de mantener a Cataluña en España. Pero actualmente la sociedad catalana no se siente bien defendida por el Estado español. Un ejemplo reciente es el eje del Mediterráneo, que interesa a Catalunya (y al Levante y a la Andalucía oriental). Es un proyecto prioritario europeo pero el gobierno español se resiste y prioriza un eje central por los Pirineos.
Más reciente aún: la conexión del puerto de Barcelona con la red ferroviaria europea, una cuestión fundamental para el comercio exterior. El gobierno español aplazó sine die la inversión comprometida y han sido los chinos los que han presionado al gobierno alemán y al Banco Central europeo con la amenaza de que si no se resolvía rápidamente esta operación que se les había garantizado reducirían a la mitad sus inversiones en Europa. Estar protegido (sometido) por el Estado español actual, monocéntrico, ideologizado de tradicionalismo rancio y en manos de una oligarquía política cuyo principal interés es en reproducirse y servir a los grupos económicos, principalmente financieros (especulativos), es algo así como dormir con el enemigo.
La realidad es que ahora no somos independientes, ni lo somos juntos, ni lo seremos por separado. El peso que tendremos en el escenario europeo no cambiará mucho para España y si Cataluña forma parte de la Unión Europea probablemente saldrá más beneficiada que perjudicada. Aunque sea para no comprometerse demasiado, en vez de utilizar independencia, las fórmulas que usa el presidente de la Generalitat, “un Estado de Europa” o “estructuras de Estado”, es relativizan considerablemente la ilusión decimonónica de un Estado “soberano”, y expresan cierto realismo.
Hay un aspecto criticable del independentismo, aunque sea añadir agua al vino, pero peor es generar ilusiones imposibles y frustraciones aseguradas. El mensaje que transmiten numerosos portavoces independentistas, desde algunos líderes de los partidos catalanistas hasta líderes del movimiento catalanista, especialmente de la Asamblea Nacional Catalana, promotora de las Diadas del 11 de septiembre -las grandes manfesticiones del 2012 y 2013-, que se resume en una frase: la independencia es la solución para todos los problemas acumulados, incluidos los sociales y económicos.
Con toda la razón, los sindicatos de trabajadores, los movimientos sociales reivindicativos y las múltiples plataformas que han emergido como respuesta a la crisis expresan un derecho a decidir que va más allá del independentismo o de las estructuras de Estado. Decidir sobre la deuda y sobre el control del sector financiero; sobre la fiscalidad y sobre los costes sociales o ambientales del crecimiento y la calidad de vida; sobre la contratación colectiva y las reformas laborales; sobre la privatización o la publificación de los servicios básicos como la educación o la sanidad; sobre los desahucios, la política de vivienda y el control público del suelo; sobre la Judicatura y los usos y métodos de las policías; sobre la democracia participativa y directa y sobre la base de reconocer el carácter constructivo del conflicto social y la transparencia de las administraciones públicas.
No se trata, por lo menos desde la izquierda, de hacer del independentismo un objetivo único y absoluto. Es una alternativa posible, no la única, y solo vale si va ligada a una transformación de los modelos políticos de gobierno ahora vigentes y a la ruptura con las políticas económico-sociales propias del neoliberalismo.
El soberanismo, otro concepto que genera confusión intelectual y conflicto político. Es un concepto vinculado a la formación de los Estados monárquicos absolutistas. El soberano era el Rey. La revolución francesa atribuyó la soberanía al pueblo por medio de sus representantes. Actualmente resulta anacrónico. La soberanía se entiende como el “poder supremo”. ¿La tiene el Rey? ¿La tienen las Cortes? ¿La tiene el gobierno español? En realidad el poder político está muy repartido, entre organismos internacionales, la Unión Europea, los poderes del Estado español, las entidades autonómicas y locales y muchos poderes de facto. Cuando se reclama soberanía en Catalunya en realidad se expresa reducir las dependencias respecto al Estado español. Pero una Catalunya independiente no será soberana, dependerá en mucho de Europa y también mantendrá fuertes lazos con España.
Por su parte, el Gobierno español y los partidos estatalistas proclaman ser depositarios de la soberanía para oponerse a las dinámicas distanciadoras catalanas y aprovechan la coyuntura conflictiva para recentralizar el poder político español y facilitar quizás una deriva represiva y autoritaria. Para ellos el problema es Cataluña, también Euskadi en menor grado. Y, lo que es peor, se utiliza la amenaza soberanista catalana para dejar en la penumbra las políticas sociales y económicas y para desviar el malestar contra “el separatismo”, como no hace mucho se hacía con el “terrorismo” vasco.
El objetivo no solo es someter a Cataluña, es también y más importante yugular las resistencias sociales populares en toda España. El comportamiento de un régimen político decadente es el de agonizar provocando conflictos y aplicando represiones de todo tipo. El uso del concepto de soberanismo en Catalunya nos parece ingenuo y prepotente. Pero por parte de la oligarquía política española es peligroso y perverso.
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