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CATALUNYA

Más allá del Supremo: las causas derivadas del 1-O se extienden por los juzgados catalanes

Las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional y la presunta inacción de los Mossos conforman la mayoría de los casos abiertos

También se investigan a tres alcaldes por desobedienca, a activistas por cortar carreteras en las huelgas generales y a la Generalitat por el uso de datos personales para la votación

Los Mossos y la Fiscalía han identificado a seis ultras partidarios de la unidad de España por agresiones tras manifestaciones en septiembre y octubre

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Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos se encaran en varios colegios 1-O

Agentes de la Policía y de los Mossos se encararon en varios colegios 1-O EFE

9-N, 1-O, 3-O, 27-O, 8-N... El proceso soberanista tiene varias fechas destacadas en sus distintas temporadas. Todas han terminado en los juzgados. Su última fase ha llevado a una judicialización nunca vista, cuyo mayor exponente es la causa por rebelión en el Tribunal Supremo. Pero también los juzgados catalanes, ya saturados de causas ordinarias, instruyen casos derivados del otoño secesionista de 2017.

Las imágenes de las cargas policiales para impedir el referéndum dieron la vuelta al mundo. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), diez juzgados catalanes abrieron diligencias la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O. El recuento oficial no incluye la causa del juzgado de instrucción 2 de Girona tras recibir más de 200 denuncias (de un total de 300 heridos) agrupadas en una querella colectiva de los ayuntamientos de la capital gerundense y dos municipios vecinos, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva.

En toda Catalunya se han interpuesto al menos 519 denuncias por lesiones durante las cargas policiales del 1-O. La Generalitat contabilizó un total de 1.066 atendidos por los servicios de emergencia. Se denunciaron porrazos, golpes, tirones de pelo o empujones, pero también hay  un caso de bala de goma y de presuntas vejaciones hacia tres mujeres en los colegios. Un juzgado de Amposta (Tarragona) ya ha citado a declarar como imputados –investigados, según la nueva denominación– a cinco agentes de la Guardia Civil.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona es el que acumula más denuncias, con un total de 257, y ha admitido la primera querella contra dos antidisturbios, a los que citará como imputados una vez las denunciantes heridas testifiquen y confirmen su identificación.

También hay diligencias abiertas por la actuación policial en los juzgados de Lleida, Mataró, Manresa, Gavà, Tarragona, mientras que algunas de las denuncias interpuestas en L'Hospitalet, Amposta, Sabadell y la Bisbal d'Empordà se archivaron al no poder identificar el agente que presuntamente profirió la agresión. Algunos heridos lo han recurrido, y este viernes la Audiencia de Tarragona ordenó al juzgado de Amposta reabrir la investigación.

Los Mossos d'Esquadra tampoco se libran de las investigaciones judiciales por su papel el 1-O. En su caso, no por intervenciones excesivas como la Policía o la Guardia Civil, sino por supuesta inacción a la hora de cumplir con la orden del TSJC para impedir el referéndum. En total se abrieron 15 causas por presunta pasividad o desobediencia de los Mossos durante la consulta.

La causa que instruía un juzgado de Sabadell se ha archivado, mientras que dos jueces de Barcelona y Mataró las han enviado a la Audiencia Nacional, donde la magistrada Carmen Lamela  mantiene imputados por sedición al exmajor Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana. Las 12 restantes siguen abiertas en juzgados de Santa Coloma de Gramenet, Blanes, Gavà, Vilanova y la Geltrú, Gandesa o El Vendrell.

Alcaldes, internautas, maestros y bomberos

Al balance judicial de la actuación policial en el 1-O hay que sumar diez causas abiertas contra la Generalitat por un posible delito de revelación de secretos por el uso de datos personales para la votación. También en el plano digital,  tal y como adelantó eldiariocv.es, el juez de Valencia que investiga a los internautas que clonaron la web del 1-O se ha inhibido en favor de varios juzgados catalanes al entender que no son una red organizada.

Respecto a los cargos electos, dos juzgados –Manresa y Blanes– instruyen causas por desobediencia contra tres alcaldes y un concejal por su intervención a favor del 1-O. En Reus también se investigan por distintos delitos contra los derechos fundamentales (delito de odio) al  alcalde y los concejales independentistas del municipio, así como a c uatro bomberos, los responsables de un gimnasio un mecánico por su rechazo a la presencia policial en la localidad.

Misma investigación se sigue en La Seu d'Urgell contra ocho profesores investigados por sus comentarios en clase contra la Guardia Civil. La Fiscalía ha exculpado a seis docentes. Otro profesor de Tremp también está investigado, en este caso por su rechazo al Instituto Armado fuera de las aulas. En Mataró y Rubí se investigan a dos hombres por atentado y lesiones contra agentes de la Guardia Civil. Además, un juzgado de Cornellà, que también tiene abierta una causa por incitación al odio, archivó la denuncia de los Mossos contra dos hombres a los que intervinieron material de propaganda para el 1-O.

Por otro lado,  de entre las diligencias abiertas por la Fiscalía que no han terminado –por ahora– en los juzgados, destaca la investigación contra más de 700 alcaldes independentistas. También las pesquisas que, junto a los Mossos d'Esquadra, el servicio de odio y discriminación del ministerio público mantiene para investigar las agresiones a independentistas, en las que ya se han identificado a seis ultras partidarios de la unidad de España.

Las huelgas 'de país', al juzgado

Más allá del 1-O, las huelgas generales soberanistas del 3 de octubre y del 8 de noviembre –que tuvieron  un seguimiento desigual y nulo en los centros de trabajo– también han tenido resaca judicial. Las causas se instruyen en Igualada, Barcelona y Santa Coloma de Farners contra 62 activistas por un delito de desórdenes por los  cortes en las carreteras y las vías del tren del 8 de noviembre. En Santa Coloma de Farners, está investigado el concejal de la CUP de Girona Lluc Salellas.

Asimismo, en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se dirimirá si la huelga general 'de país' del 8-N era legal o ilegal por estar convocada por motivos políticos tras la demanda de la patronal de la gran empresa catalana, Foment del Treball, contra la Intersindical–CSC.

Además, tres humoristas han tenido que acudir al juzgado a declarar por sus chistes sobre la policía y el 1-O. Se trata de dos miembros de la revista satírica 'El Jueves' y el actor Eduard Biosca, por un chiste de su personaje del 'senyor Bohígues' en RAC-1. Por otro lado, el Toni Albà también ha declarado por sus insultos en Twitter contra Mariano Rajoy y la jueza Carmen Lamela.

Y no sólo se investigan las consecuencias del 1-O: desde el pasado mes de febrero el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona mantiene imputadas a una veintena de personas, entre ellas exaltos cargos de la Generalitat, por los preparativos de la consulta. Este domingo han declarado varios exaltos cargos y este martes lo harán el exsenador Santiago Vidal y el exvicepresidente del Constitucional y exasesor del Govern Carles Viver Pi–Sunyer. Los juzgados tienen procesos para rato.

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