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El puente abierto entre Pedro Sánchez y el Govern aísla a Ciudadanos en el Parlament

La líder de la oposición en el Parlament, Inés Arrimadas (C's), durante un acto de su partido

Arturo Puente

Es el mayor grupo del Parlament, pero también el que podría encontrar menos apoyo a sus propuestas en la Cámara. El nuevo escenario que ha dibujado la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de normalizar paulatinamente la relación con la Generalitat ha dejado a Ciudadanos escorado en el Parlament hacia unas posiciones de dureza con los independentistas que ni siquiera el PP secunda siempre.

La imagen más nítida de este aislamiento ocurrió la semana pasada, cuando la líder de la oposición, Inés Arrimadas, fue la única representante de los grupos que rechazó entrevistarse con el president Quim Torra, que trató de recibirlos a todos en el Palau de la Generalitat. Arrimadas alegó su oposición al lazo amarillo que cuelga de la fachada del edificio gubernamental, poniendo como condición que se retirara. El Govern rechazó la cláusula que habían impuesto ni Miquel Iceta ni Xavier García Albiol, pese al disgusto de ambos con el lazo.

Pese al portazo Arrimadas acabó telefoneando a Torra. El objetivo de la llamada era tratar de mantener un tono de cordialidad más allá de las diferencias tan amplias que separan a Govern y oposición. Pero no menos cierto es que, tras la ronda de reuniones con Torra, había quedado patente que el clima en Catalunya cambiaba y que, sin conseguir que PSC ni PP secundaran su negativa a la reunión hasta que el lazo se retirase, Arrimadas se había quedado sola. Mientras, Iceta despuntaba como facilitador en la sombra del diálogo institucional.

El PSC cree sinceramente que el impulso negociador puede dar frutos, aunque huye de los triunfalismos. Iceta es el principal valedor ante Sánchez de la estrategia del apaciguamiento, y quien está dispuesto a ser el primero en hacer gestos de distensión hacia el independentismo. Aunque los gestos no llegan a parar la moción de censura que podría desalojar al gobierno soberanista de Badalona -en el que están entre otros ERC y la CUP-, sí podrían relajar las formas en el Parlament y negarse a apoyar las iniciativas más beligerantes con los independentistas.

Por eso, el viraje del PSC hacia una mayor interlocución con el independentismo podría dejar a Ciudadanos con el único socio del PP a la hora de defender, por ejemplo, la proposición de ley que veta los lazos amarillos en el espacio público. Una iniciativa que el grupo de Arrimadas presentó el día después de que Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno y a la que, por el momento, los socialistas han hecho poco caso. 

Este aislamiento sin embargo no parece preocupar al grupo con más diputados del Parlament, que no ha dado tregua al Gobierno de Sánchez en su primera semana en el cargo. Ante la apertura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a acercar a los presos independentistas, la diputada Lorena Roldán (C's) dejó caer el pasado viernes que el PSOE tiene un pacto oculto con JxCat y ERC. A su parecer, que los nueve presos preventivos ingresen en cárceles catalanas sería “dar privilegios a aquellos que se saltaron la ley”, algo que revelaría la “hipoteca” de Sánchez para acceder a la Moncloa.

Los primeros movimientos del nuevo Gobierno hacia Catalunya ha sido objeto de dura crítica para Ciudadanos: los gestos a los presos, por leves que sean; la reactivación del Diplocat, que Josep Borrell reconoció que entra en las competencias autonómicas: o incluso el fin de la intervención financiera de la Generalitat, pese a haber sido heredada del PP. Incluso la inyección de 20 millones de euros de la Generalitat a TV3, al borde de la quiebra por el cambio de criterio de Hacienda con el cobro del IVA en ejercicios pasados, ha servido a Arrimadas para atizar a Sánchez, a quien piden que comparezca ya en el Congreso para explicar los supuestos “premios” al independentismo.

Una nueva geografía exportable al Congreso

Quienes no se han quedado al margen del cambio en la geografía parlamentaria son los comuns. Si el PSC trata de suavizar las relaciones con el independentismo, Xavier Domènech llegó aún más allá en la reunión que mantuvo el lunes pasado con Torra, cuando no descartó un apoyo de su grupo a los presupuestos que el vicepresident Pere Aragonés presentará ya para 2019. Domènech impuso condiciones de partida, como que la Generalitat deje de subastar edificios de viviendas o que cumpla sus obligaciones con los ayuntamientos en financiación de guarderías.

La mano tendida de Catalunya en Comú a Torra no un gesto menor, y menos cuando en el Congreso se recompone también el tablero. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también se ha puesto en los últimos días en contacto con Torra para buscar fecha en la que reunirse. Está por ver qué tipo de mayorías busca el Gobierno de Sánchez para sacar adelante unas medidas que, como en la moción de censura, necesitan convencer no solo a toda la izquierda sino también a nacionalistas vascos y catalanes.

Podemos quiere jugar ese papel de influencia desde el Congreso hacia el nuevo Ejecutivo de Sánchez y, para ello, nada menor que cerrar fisuras con un independentismo que ha abandonado las posiciones de máximos. Las cuentas en Madrid están claras: Ciudadanos dispone de 32 diputados, mientras que la suma de Podemos e independentistas triplican esa cifra y quedan, incluso, por encima del PSOE.

Aislado Rivera en el Parlament y en el Congreso, la llave de la gobernabilidad la tiene ahora quien consiga más influencia en el bloque que llevó a Sánchez a la Moncloa. El PSOE, mientras, prepara ya una reunión con el lehendakari Íñigo Urkullu, convertido en un fiable aliado socialista en contra de Ciudadanos.

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