La Generalitat incumple la ley de transparencia para ocultar los informes que envía a embajadas
La Generalitat envía desde 2013 informes a embajadas, consulados y organismos internacionales que, elaborados por el área de Exteriores, ahora convertida en el departament de Afers Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, informan puntualmente del transcurrir del proceso soberanista. Pese a su extensa distribución, el Govern guarda el contenido de estos informes con máximo celo, hasta el punto de que está incumpliendo la ley de transparencia para ocultarlos al Parlament.
El Departament de Exteriors y Transparència, dirigido por Raül Romeva, se ha negado reiteradamente a revelar el contenido de estos documentos ante la petición de la diputada Susana Beltrán, de Ciutadans. Beltrán realizó la primera petición el 29 de septiembre de 2016 y la reiteró el 3 de octubre. La única respuesta que el Govern dio a su petición fue remitirla a la web, donde no se halla la información que reclama la diputada.
Ante la falta de respuesta por parte del organismo que es, además de la conselleria competente en Exteriores, la que tiene responsabilidades sobre la transparencia y el buen gobierno, Beltrán acudió a la Mesa del Parlament, quien decidió amparar el 7 de febrero su petición. Con esta decisión, fue el propio Parlament quien requirió al área de gobierno de Romeva que entregara la documentación.
Pero, lejos de entregarla, la segunda respuesta incidió en la misma línea que la primera. Se contestó malinterpretando la petición de Ciutadans y entregando, no los informes diplomáticos, sino los de entendimiento para la firma de convenios con instituciones y organismos internacionales. Para Ciutadans la confusión es imposible, ya que la diputada remitía un informe de los que reclamaba, en concreto el número 29. Sin embargo desde el Departament se justifican asegurando que nunca recibieron el informe de ejemplo que adjuntaba la diputada, ya que el Parlament no lo adjuntó.
“La actitud del Departament de enviarnos una documentación que no hemos pedido a ver si cuela nos parece una falta de respeto enorme, primero hacia el Parlament, que es quien había amparado nuestra petición, y segundo hacia mi grupo”, explica Beltran. La diputada asegura no entender por qué estos documentos se ocultan. “¿Es una información que puede estar al alcance de la opinión publica internacional por vía de sus embajadas, pero no al alcance de la opinión de Catalunya y España?”, se pregunta la de Ciutadans.
El Govern no explica si son suyos
Preguntado por este medio, el Departament se ha negado también a reconocer como propio el memorándum número 29, distribuido por Ciutadans a los medios, ni ningún otro de la misma naturaleza. “Elaboramos gran cantidad de informes y de documentos de diferente naturaleza, por lo que no podemos confirmar que este documento haya salido de nuestras oficinas”, explican fuentes gubernamentales, pese a que el documento lleva el membrete de Exteriores.
Desde este área se afirma además que los únicos documentos que conocen con el título de “memorándums” son los de convenios de acuerdo, razón por la que fueron estos los entregados al grupo parlamentario unionista cuándo los solicitaron por ese nombre. Exteriores recuerda que ellos no tienen capacidad para enviar memorándums diplomáticos, por no ser Catalunya un Estado.
Pese a esta última respuesta, el conseller Romeva sí ha reconocido en otras ocasiones que su departamento envía memorándums. En concreto, el 29 de marzo de 2016, el conseller respondió a una pregunta parlamentaria de Ciutadans sobre estas comunicaciones, asegurando que el Govern “ha considerado conveniente ir informando a los gobiernos extranjeros de forma cuidadosa y periódica sobre la evolución de la situación política de Catalunya con el objetivo de dar a conocer con más detalle la composición del Parlament, sus decisiones y los posicionamiento de los diferentes partidos políticos”.
Controversia jurídica
La ley catalana de transparencia garantiza el acceso a toda la información pública manejada por los organismos de la administración, con algunos límites. Entre ellos, hay derechos individuales, como el de la protección de datos, los de la infancia o la tutela judicial. También se acepta denegar información si hay riesgo para la seguridad o para la persecución de delitos. Por último, establece la posibilidad de denegar el acceso a las informaciones que tengan la condición de secretas, confidenciales o protegidas.
Los memorándums y comunicaciones diplomáticas pertenecen habitualmente a esta tercera categoría. La ley española de transparencia impone explícitamente un límite a la transparencia si puede suponer un perjuicio para las relaciones exteriores. Sin embargo, es controvertido si la Generalitat tiene o no competencias para establecer relaciones exteriores secretas, ya que se le reconocen facultades en la Acción Exterior, pero no en la Política Exterior. Además, según indican fuentes conocedoras, lo primero que hacen la mayoría de embajadas cuando le son remitidos estos informes es reenviarlos al Ministerio de Asuntos Exteriores español.
De cualquier forma, la consellería de Exteriores ha declinado aludir a estos posibles límites en el derecho a la transparencia para negar el acceso a los memorándums diplomáticos, ya que ni siquiera identifica estos como el objeto de la petición. Sí ha asegurado que responderán a cualquier petición que se haga con arreglo a la ley de transparencia de cualquier documento público.
