El Govern rechaza la reforma del IRPF que reclaman los 'comuns' para no gravar con 600 euros más a las rentas altas
El Govern catalán no tiene intención de modificar el IRPF y solo está abierto a hacer retoques en sucesiones. Así se lo trasladó negro sobre blanco la Vicepresidencia económica de la Generalitat al grupo de Catalunya en Comú el pasado mes de diciembre, en un documento en el que se niegan a modificar el tramo autonómico del impuesto sobre la renta argumentando que supondría cargar con 600 euros anuales más a los contribuyentes que ganan más de 120.000 euros.
La propuesta trasladada por el vicepresident Pere Aragonès cifra en 35,8 millones de euros la recaudación que se podría conseguir con un nuevo tramo para los contribuyentes que perciben entre 90.000 y 120.000 euros. Ese nuevo grupo se gravaría con el 23,5% en la parte autonómica, mientras que a los que quedaran por encima se les impondría un 25,5%. El conjunto de los afectados, según estima el Govern, serían 47.000 contribuyentes.
Pero esta no es una opción para el Govern, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es, que apunta a un agravio comparativo respecto los contribuyentes que ganan más de 120.000 en Madrid. El departamento económico asegura que la diferencia entre lo que pagan unos y otros pasaría de los actuales 916 euros a 1.516. Además, recuerdan que la propuesta fiscal de Pedro Sánchez y Podemos ya conllevaría, de aprobarse, un aumento en las llamadas “rentas del ahorro”, que son de competencia estatal.
El agravio comparativo respecto a la Comunidad de Madrid vuelve a aparecer a la hora de valorar la posible modificación del impuesto de sucesiones. Según explican, los bajos impuestos de la capital, tanto en IRPF como en sucesiones y patrimonio, limitan la capacidad de otras comunidades como Catalunya de incrementar su carga fiscal. El documento cita además un estudio de FEDEA que demostraría que los contribuyentes más ricos cambian su comunidad de residencia en busca de mejoras fiscales.
Pese a estos argumentos, el Govern sí se abre a efectuar retoques en las bonificaciones de herencias de más de 300.000 euros, dibujando hasta cuatro escenarios diferentes que les permitirían recaudar entre 15 y 40 millones de euros. Una cantidad muy lejana a los mínimos que les reclama Catalunya en Comú, que apuesta por eliminar prácticamente el conjunto de las bonificaciones para obtener 450 millones de euros extras.
Tampoco el documento incorpora novedades respecto a la propuesta en fiscalidad verde. La Vicepresidència recuerda que Catalunya es una de las comunidades con más impuestos de este tipo. Propone, eso sí, reformular el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales para destinarlo íntegramente al transporte público, un proyecto que difícilmente podría completar en este ejercicio, y también crear un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos. El impacto de todos estos tributos es menor en el conjunto de la recaudación.
Los 'comuns' rechazan “modificaciones simbólicas”
El grupo de Catalunya en Comú Podem considera que las propuestas fiscales del Govern, por ahora, no pasan de ser “modificaciones simbólicas”, estériles tanto por la parte de la recaudación como por lo que respecta a la redistribución de la riqueza. El grupo, que conoce el documento elaborado por la Vicepresidència desde diciembre pasado, asegura que si no hay cambios no apoyarán las cuentas de la Generalitat.
Los 'comuns' continúan fijando como líneas rojas el documento con el que abrieron la negociación y que reclamaba un conjunto de medidas sociales y para los funcionarios de algo más de 1.500 millones de euros. Este paquete de gasto lo acompañaban de una propuesta de reforma fiscal. Pero, según explican fuentes del grupo, ellos están abiertos a estudiar cualquier propuesta que le permita a la Generalitat disponer de la cifra deseada para políticas sociales.
Desde el grupo consideran además que esa mejora de ingresos debería comenzar por aprobar los presupuestos pactados entre el Gobierno central y Podemos, que de entrada permitiría al Govern disponer de 350 millones no sujetos a la regla de gasto, es decir, disponibles para política social. Los 'comuns' no supeditan la aprobación de unos presupuestos a otros, pero avisan de que no aprobarán en Catalunya unas cuentas peores que en el Congreso.
