El Tribunal de Cuentas cita a una exdelegada del Govern en París fallecida en 2017 en la causa por el Diplocat

El Tribunal de Cuentas ha incluido a la exdelegada del Govern en París Maryse Olivé, fallecida en 2017, en las decenas de altos cargos y exresponsables de la Generalitat citados para el próximo 29 de junio en la causa sobre los fondos presuntamente destinados al procés a través de las delegaciones catalanas en el exterior y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat).

El ente fiscalizador ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a otros dirigentes del Govern, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, para comunicarles la cuantía que considera que presuntamente destinaron al procés a través de su acción exterior. El órgano fiscalizador ha dictado una providencia para citar a los presuntos responsables contables para la práctica de la liquidación provisional donde se comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena, que se sumará a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum del 1-O.

La citación de la fallecida Olivé, adelantada por El Punt Avui, Olivé Quintana, se produce junto a los delegados y exdelegados de la Generalitat de Catalunya en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea. Olivé encabezó la delegación catalana en París entre 2012 y 2014. Nacida en Perpignan en 1948 e hija de exiliados, fue concejala en Figueres (Girona) y la primera directora de la Casa de la Generalitat en Perpignan.

Además de a los expresidents, el exvicepresident y los delegados y exdelegados, el Tribunal de Cuentas ha citado a los exconsellers de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turrull; los exconsellers de Economía Andreu Mas-Colell y Oriol Junqueras; y al exconseller de Asuntos Exteriores y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia Raül Romeva, entre otros exaltos cargos.

Este martes la consellera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó, explicó que “con toda probabilidad” los servicios jurídicos de la Generalitat no podrán asumir la defensa de los encausados ante el Tribunal de Cuentas. “Estamos ante una nueva causa con 40 personas represaliadas, y algunas de ellas doblemente represaliadas. Algunos ya han sido juzgados y condenados por el mismo hecho”, sostuvo Budó.