Un empresario arruinado por la trama de Aguas de Calpe pide auxilio al Poder Judicial para que reactive el caso tras 12 años de instrucción
“Me han destrozado la vida”. Nicolás Agudo, un empresario al que la trama de Aguas de Calpe, en la que se encuentran imputados entre otros el exconcejal popular de Calp Juan Roselló y su cuñado, Francisco Artacho, le dejó sin pagar facturas por valor de más de 245.000 euros, ha pedido amparo al Consejo del Poder Judicial (CGPJ) para que ordene la reactivación del caso, que lleva empantanado en los juzgados de Dénia la friolera de casi 12 años, desde que en 2005 se cometieron los presuntos delitos.
Agudo cree que sólo si hay juicio podrá recuperar el dinero. A sus 63 años, los impagos le han dejado en la ruina: tiene todos los bienes embargados, tuvo que cerrar su empresa, Excagata, y despedir a sus operarios. Además, por culpa del “sufrimiento y la ansiedad originada por tantos años de espera” sufre varias enfermedades, se ha quedado casi ciego y ha perdido la capacidad de trabajar. “Todo lo que he ganado en esta vida me lo han quitado ellos”, dice.
En 2005, la mercantil de Agudo, que en aquellos buenos tiempos tenía 14 trabajadores, fue contratada para participar en las obras de renovación de la red de agua potable de Calp. Sin poderlo saber entonces, este empresario se vio involucrado en todo un ejercicio de fontanería financiera: la empresa concesionaria, Aguas de Calpe, le encargó los trabajos a una mercantil sin experiencia en el sector, Obras Hidráulicas de Levante, que era propiedad de Artacho, cuyo cuñado, Juan Roselló, era el edil de Aguas; a su vez, Obras Hidráulicas subcontrató las obras a otra empresa, Montubo, que a su vez fue la que subcontrató a la de Agudo.
En realidad, Excagata fue la que realizó la práctica totalidad de las obras de renovación. Agudo se gastó 245.000 euros en pagar el sueldo de los trabajadores, el gasoil, el IVA, los materiales… pero a la hora de cobrar por su trabajo, no vio ni un euro: recibió numerosos pagarés de Montubo que no disponían de fondos.
En cambio, el resto de protagonistas de esta historia hicieron negocio. Tanto que, según un informe de la Universidad de València, en las obras se habría producido un sobrecoste de 1.073.316 euros, que fue la diferencia entre lo que costaban realmente y lo que se pagó por ellas. Y ese fue el dinero del que presuntamente se habrían apropiado los miembros de la trama. Por eso, a partir de 2005 se produjo la apertura de un proceso penal por el que resultaron imputados Roselló; Artacho; el propietario de Montubo, Salvador Ibarra; el administrador de Obras Hidráulicas, Jesús Lara Santamaría, y dos altos cargos de Aguas de Calpe.
Se les achacaba presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. En 2011, un juzgado de Dénia decretó el sobreseimiento parcial de la mayoría de los implicados pero tres años después, en 2014, la Audiencia volvió a imputar a todos los protagonistas, excepto a Ibarra.
“Un estado continuo de sufrimiento”
Sin embargo, desde esa última fecha y en un ejemplo más que paradigmático de la lentitud de la justicia, el proceso judicial sigue atrancado. Para reactivarlo, Agudo ha pedido amparo a la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial, al que envió el pasado 20 de diciembre un escrito en el que pide que realice las gestiones pertinentes para que se reactive, ya que “al parecer su tramitación está parada”, violándose así el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial. También solicita al organismo judicial que inspeccione las diligencias que está realizando el juzgado de Dénia que lleva el caso, el número 1.
Agudo añade que es incomprensible que este ya “viejo caso de corrupción” lleve en solfa doce años “sin que todavía haya concluido la instrucción y sin poder conocer la fecha de juicio, ni si los presuntos responsables finalmente serán juzgados”. En este tiempo, Agudo tuvo que pedir varios préstamos hipotecarios para cubrir los impagos, que tampoco ha podido satisfacer.
Tanta dilación pone en riesgo que el empresario pueda cobrar algún día las cantidades que se le adeudan y le ha provocado “un estado continúo de incertidumbre y sufrimiento”. Así, en noviembre de 2015, “con un ánimo depresivo, trastornos de ansiedad y afectado en su salud mental” fue atendido tanto por la Unidad de Salud Mental de Dénia como por una sicóloga, “que le indicó que su caso era una auténtica injusticia y que no dejara de luchar por sus derechos”.
El CGPJ pide explicaciones al juzgado de Dénia
El pasado 16 de enero, el Consejo General del Poder le contestó a Agudo señalándole que se habían dirigido al juzgado de Dénia que lleva el caso “a fin de que nos informe sobre los hechos” expuestos por el empresario y comprometiéndose a volver a contactar con él “tan pronto como recibamos esa información”. Además, le agradece “la información facilitada que nos permite iniciar actuaciones para mejorar la administración de la justicia”.
