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Desconcierto en Orihuela: tres interventores, dos socios de gobierno enfrentados y un presupuesto sin visos de salir adelante

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, en una comparecencia en las Cortes Valencianas. n

Emilio J. Salazar

Elche —

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El presupuesto municipal de 2020, el actual sigue prorrogado desde 2018, tampoco saldrá adelante en Orihuela. Un Partido Popular en minoría defenderá en solitario su aprobación en el pleno que se celebrará el próximo miércoles. Salvo sorpresa mayúscula, en contra tendrá a sus socios de gobierno, Ciudadanos; a la oposición de izquierdas del PSOE y Cambiemos, y dejará como irrelevante la postura de los dos concejales de Vox al no sumar mayoría suficiente.

El PP ha justificado su presentación a escasas semanas para acabar el año en la necesidad de que contemplen “las circunstancias excepcionales en las que se ha visto inmerso el Ayuntamiento de Orihuela en este último año, principalmente por las graves inundaciones de la DANA y por la actual situación de la COVID-19”, aseguraba el concejal de Hacienda, Rafael Almagro. Así, los concejales conservadores buscan que “el presupuesto contemple este tipo de medidas que se han adoptado este año y que queden debidamente enmarcadas en el presente ejercicio presupuestario”.

Pero esta estrategia del PP ha supuesto el enésimo encontronazo con sus compañeros de gobierno. Ciudadanos ha acusado a los populares de no contar con ellos para su elaboración, incumpliendo así los acuerdos adquiridos por ambas formaciones y, además, introduce otra variante para justificar su negativa, la del interventor accidental, una figura que abunda en los consistorios españoles y de los que Orihuela ha contado con tres distintos en los últimos cinco meses.

En concreto, el partido naranja presentó en la comisión informativa del pasado viernes una enmienda a la totalidad por entender que el expediente del proyecto de los presupuestos “tiene irregularidades que este Ayuntamiento debe afrontar de una vez por todas”, dado que hay “informes técnicos y jurídicos preceptivos que solo pueden estar elaborados y firmados por un Interventor que sea habilitado nacional o, en su defecto, por un funcionario de carrera de un determinado nivel que, en ningún caso por norma legal desde marzo de 2018 pueden ser funcionarios interinos”.

“Sin embargo”, insisten, “eso es lo que ha pasado en este caso en Orihuela. En ese sentido, existen sentencias judiciales que anulan presupuestos aprobados con estas deficiencias ya anteriormente”. Más allá de esta cuestión, y obviando Ciudadanos que sus regidores votaron a favor de los últimos presupuestos aprobados por el PP en agosto de 2018 cuando también existía un interventor accidental, lo cierto es que la ciudad, con algo más de 75.000 habitantes, arrastra la inestabilidad en un puesto encargado de fiscalizar las operaciones municipales.

De todos ellos, el más mediático y controvertido fue Fernando Urruticoechea, quien estuvo cuatro años en el municipio hasta que se marchó a Torre Pacheco, Murcia, en 2017 tras denunciar “acoso” y “persecución constante” del Partido Popular de la ciudad. Aunque también fue sinónimo de polémica el anterior en el cargo, Javier Cifuentes, encargado de la Intervención del consistorio durante décadas y que con la llegada de Urruticoechea pasó a ser contratado por el gobierno del PP de Emilio Bascuñana como asesor de Hacienda.

Posteriormente le ha seguido Antonio Rosique hasta que finalizó su Comisión de Servicio en junio de este año. Le sustituyó la funcionaria de carrera Carmen Cristiá, encargada de supervisar el proyecto de los presupuestos de 2020 y cuestionada por Ciudadanos por su interinidad. Su baja (por maternidad), ha llevado al cargo a Miriam Mateo, previa autorización de la Dirección General de Administraciones Públicas, desde el pasado martes. Habilitada de carrera, la oposición de Cambiemos cree que “su elección” responde a “un movimiento del PP para que Ciudadanos no tenga excusas” a la hora de votar favorablemente. Lo que finalmente decidan se sabrá en el pleno de este miércoles. 

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