Iberdrola denuncia a un ayuntamiento de Alicante por engancharse a la luz ilegalmente y le reclama 63.000 euros

63.000 euros. Esa es la cantidad que Iberdrola reclama al Ayuntamiento de Rafal (Alicante) por engancharse a la luz. La eléctrica denunció ante la Guardia Civil en junio de 2017 al consistorio alicantino, y por tanto a su alcalde como representante legal de la institución, el diputado autonómico socialista Manuel Pineda, por un delito de defraudación de fluido eléctrico para el alumbrado público. Desde Iberdrola han explicado que la denuncia por fraude eléctrico es contra el ayuntamiento y su alcalde: “eran enganches directos a la red de alumbrado público. Se cortaba el servicio y volvían a engancharse”.

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, después de incoar juicio por delitos leves, remitió el caso al TSJ valenciano al quedar acreditada la condición de aforado de Pineda. Sin embargo, el alto tribunal valenciano no ha admitido la causa por no considerarse competente “al no existir indicios de criminalidad imputables al aforado” y la ha devuelto al juzgado de Orihuela para que continúe la tramitación del procedimiento.

Pineda ha asegurado, en declaraciones a eldiario.es, que se trata de un tema que se encontraron cuando llegaron a la alcaldía en 2011 y que las irregularidades provienen de un sector residencial cuya urbanización finalizó en 2008. “No sabíamos nada de esto y un día nos dejaron sin luz en ese sector, donde hay viviendas y un parque, por lo que presentamos una denuncia ante la Guardia Civil contra la suministradora”, ha dicho. En aquel momento, la jueza le dio la razón a la eléctrica, que había cortado la luz porque no se le estaba abonando el servicio.

El socialista ha asegurado que la primera comunicación de la que tiene constancia es de 2013, “aunque yo me entero después”, y es en 2017 cuando la empresa eléctrica judicializa el tema, “yo no sabía si estábamos enganchados o no, nosotros pagábamos todas las facturas que nos llegaban”. El también diputado autonómico insiste en que han intentado resolver esta cuestión con Iberdrola durante dos años, “pero ha sido imposible”. “Pagamos una factura de 30.000 euros, que es lo que calculamos que debíamos, pero Iberdrola nos reclama otros 63.000 euros”.

El Ayuntamiento de Rafal está dispuesto a pagar, tal y como sostiene Pineda: “Lo que queremos es depurar la irregularidad y pagar lo que marca la ley, que es la que se corresponde con el consumo del último año, sean 30.000 ó 63.000 euros, pero que sea lo que realmente toca”. Por eso, han encargado a la nueva comercializadora con la que han contratado el suministro eléctrico el cálculo del consumo en un año para intentar alcanzar un acuerdo sobre la cantidad a abonar, aunque el alcalde no es optimista por la actitud de Iberdrola en todo este proceso: “Hemos tenido problemas hasta para que nos dieran los boletines”.

A falta de un consenso entre las partes, deberá ser el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela el órgano que dictamine y decida la cantidad que el consistorio alicantino deberá abonar finalmente.