Otra investigación judicial por corrupción salpica de nuevo al PP valenciano

El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha abierto diligencias por el denominado caso Fitur del Patronato de Turismo Costa Blanca, en el que se investigan las adjudicaciones realizadas por este organismo, dependiente de la Diputación de Alicante, a un reducido grupo de empresas, especialmente para el montaje de estands en ferias turísticas, tal y como avanza lamarinaplaza. El caso fue denunciado por Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción hace ahora justo un año, y el juzgado ha citado ya a declarar, en calidad de imputada o investigada, a la que era entre 2007 y 2008 la directora económico administrativa del patronato, la exalcaldesa de Dénia Ana Kringe (PP). El fraude que se investiga alcanzaría los 3,2 millones de euros.

De hecho, la propia Kringe firmó pagos de hasta 753.000 a las empresas investigadas. Con su imputación, el panorama se le complica a la exalcaldesa de Dénia, para quien hay que recordar que la Guardia Civil ha pedido en la Audiencia Nacional su imputación en el caso Púnica.

El juzgado cita también a declarar a los empresarios de las mercantiles, ambas radicadas en el País Vasco, que recibieron las adjudicaciones. Mercedes Lasa y Javier Molinos, responsables de Exporigging y Equipamientos Integrales de Stand Molinos, respectivamente. Hasta el momento de las adjudicaciones, ninguna de esas mercantiles estaba especializada en el servicio de montaje para ferias turísticas. Los dos empresarios son matrimonio y, según la investigación, actuaban como gerentes y apoderados respectivos de estas dos empresas en concursos a los que únicamente concurrían ambas o una de las dos, o resultaban beneficiadas de contratos menores.

Asimismo, otras irregularidades bajo investigación en el caso Fitur Costa Blanca erían el presunto fraccionamiento de contratos, para adjudicarlos sin licitación; la tramitación de urgencia, no motivada, de contratos por valor de 406.000 euros en 2005 y 655.000 en 2006, a los que sólo concurrió la mercantil adjudicataria; o el pago de cantidades muy desiguales por servicios similares, la contratación de servicios innecesarios o las adjudicaciones mediante procedimiento negociado sin publicidad y sin invitación a otras mercantiles.

Desde que comunicó los hechos a la Fiscalía Anticorrupción, Compromís ha puesto de relieve que el funcionamiento o modus operandi de la trama es “calcado” al del llamado caso Gürtel, con quien compitió por los pabellones de la Comunitat Valenciana en Fitur.

La investigación, no obstante, no se ciñe al organismo de la Diputación de Alicante. En su día, la Fiscalía pidió también documentación a los ayuntamientos de Benissa y Benidorm por divesos contratos realizados con estas empresas desde 2002 y 2004, respectivamente.

Con toda la información recabada, el fiscal concluyó que existen “elementos bastantes” para pensar que los hechos “pudieran ser constitutivos de delitos”, por lo que solicitó la apertura de diligencias al juzgado, que se ha producido ahora.