Los tribunales dan luz verde al plan de Benidorm para pagar los 350 millones de la factura de Serra Gelada con dinero y suelo edificable

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha ratificado finalmente el convenio extrajudicial que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a desembolsar una cifra astronómica de 350 millones de euros. El auto de homologación dictado el 18 de marzo valida un plan de pagos diseñado para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que fijó el precio de los suelos del sector APR7 tras décadas de una gestión urbanística que ha acabado derivando en una factura millonaria. Con este aval judicial, el consistorio asume formalmente una deuda que condicionará el presupuesto municipal durante los próximos años, transformando un litigio por suelos fuera de ordenación en una carga financiera de ejecución inmediata.

La factura total de 350 millones de euros no solo cubre el principal de 283 millones fijado por los tribunales, sino que incluye una pesada carga de intereses legales acumulados desde julio de 2018. Para hacer frente a esta situación, el ejecutivo local ha recurrido a una fórmula híbrida que combina el pago en efectivo con la entrega de patrimonio público. El plan contempla un desembolso inicial de 60 millones de euros antes de finalizar 2026, para lo cual el Ayuntamiento deberá endeudarse mediante un préstamo de 55 millones a través del Fondo de Impulso Económico, comprometiendo así su capacidad de inversión inmediata en otros servicios o infraestructuras locales.

Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es la entrega de suelo edificable como moneda de cambio para amortizar la deuda. El Ayuntamiento se ha visto obligado a ofrecer parcelas con aprovechamiento urbanístico directo en sectores estratégicos de expansión como Ensanche Levante, Murtal 2 o el PAU 1. En concreto, los antiguos propietarios de Serra Gelada recibirán terrenos valorados en más de 67 millones de euros para cubrir exclusivamente los intereses generados, una dación en pago que el consistorio ha impuesto como obligatoria pero que, en la práctica, supone el traspaso de solares públicos listos para construir a manos privadas para minorar el impacto en la caja municipal.

El calendario de pagos dibuja un escenario de dependencia financiera a largo plazo. Tras un periodo de carencia que expira en 2030, el Ayuntamiento de Benidorm entrará en una fase de amortización obligatoria en la que deberá destinar anualmente al menos el 8% de sus recursos ordinarios al pago de esta deuda hasta su total cancelación. Aunque el gobierno municipal presenta el acuerdo como una solución definitiva que aporta seguridad jurídica, la realidad técnica descrita en el documento homologado revela una operación de rescate de convenios urbanísticos del pasado que se salda con la entrega de activos inmobiliarios municipales y un compromiso de gasto público que se extenderá durante las próximas décadas.