Una alicantina con esclerosis múltiple desde hace 20 años es el primer caso de eutanasia conocido en la Comunitat Valenciana

Una mujer de más de sesenta años de edad y con una fase muy avanzada de esclerosis múltiple, una enfermedad que padecía desde hacía más de dos décadas, ha sido la primera persona en la Comunitat Valenciana que se ha acogido a la ley de eutanasia -aprobada el pasado mes de marzo y que entró en vigor el 24 de junio- y ha podido ejercer su derecho a una muerte asistida en el hospital San Juan de Alicante.

Tal y como ha adelantado el diario El País, este caso, el de una mujer de Alicante viuda, sin familia y en una situación de gran dependencia, es el tercero que se conoce en España después del de una mujer de 86 años en el País Vasco y un hombre en Asturias. Como ha asegurado la presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana (DMD), María José Alemany, en declaraciones a elDiario.es, la fallecida es el primer caso del que se tiene constancia en el territorio valenciano, aunque no es el único del que tienen conocimiento: “Estamos asesorando a otra persona que ha consultado a su médica y a la coordinadora del centro sanitario, quienes todavía no han solicitado la puesta en marcha del proceso, además de que también hemos recibido diversas solicitudes de información”.

En cuanto a la fallecida, que era socia de DMD y les solicitó asesoramiento, “cumplía uno de los dos supuestos reconocidos en la ley: padecer una enfermedad grave e incurable o una dolencia degenerativa e insoportable, y en ambos casos con los tratamientos agotados”. Había cumplimentado el documento de voluntades anticipadas (testamento vital), “aunque aquí no era necesario, porque esta mujer podía verbalizar su decisión”, y había nombrado tutor legal a su abogado, quien solicitó a la Comisión de Evaluación y Garantías de la conselleria -compuesto por quince profesionales de la medicina, enfermeras, juristas, trabajadores sociales, profesionales de psicología, entre otros-, que es el organismo encargado de autorizar la aplicación del derecho a la muerte asistida.

“Nos felicitamos porque, en este caso, la Administración ha respondido rápidamente”, explica Alemany, que lamenta que no sucede igual en todos los casos: “Notamos que falta información y formación en los profesionales sanitarios, y eso es achacable a la Conselleria de Sanidad, que debe preocuparse para que el personal sanitario pueda atender adecuadamente a quienes preguntan sobre la eutanasia”. 

“El paciente debe conocer sus derechos y sus opciones, porque entendemos que no se pueden frenar los procesos por falta de información”, sostienen desde Derecho a Morir Dignamente, que comprenden el derecho a la objeción de los profesionales sanitarios, pero que en esos casos “deben derivarlos a otros profesionales”. “Falta información y hay poca respuesta”, se lamentan desde la asociación, cuyo objetivo es que las personas interesadas “conozcan sus derechos sanitarios en la etapa final de sus vidas”.

El proceso de solicitud

Tal y como ha explicado María José Alemany, el proceso es muy completo y garantista. Lo primero que debe hacer la persona que quiere recurrir al derecho a la eutanasia es contactar con el médico que ha designado como responsable. Este facultativo le debe facilitar el documento de solicitud, comprobar que se encuentra en los supuestos recogidos por la ley, y en plenas facultades, y ayudarle a cumplimentarlo. Además, le debe explicar las alternativas que existen a la muerte asistida.

Quince días después, si el interesado mantiene su intención, se realiza una segunda petición. Posteriormente, una semana después, se consulta a otro facultativo que no tenga nada que ver con el caso clínico para que dé su conformidad. Una vez sucede esto, se envía la solicitud a la Comisión de Garantías y Evaluación que debe aprobar el proceso.

La norma contempla que se respete la autonomía y libertad del paciente, y si no se responde a la petición del interesado en un tiempo determinado, este tiene el derecho de reclamar.

“Con el tiempo, entendemos que esta ley se extenderá a otros supuestos, como es el caso de los menores de edad, como ha sucedido en otros países”, concluye Alemany.