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Dos años del pacto valenciano contra la violencia de género: fin de los anuncios de prostitución en medios y equiparación a las víctimas del terrorismo

Representantes del Gobierno Valenciano y el alcalde de València sostienen una pancarta en el 8M

Laura Martínez

Valencia —

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En septiembre de 2017 más de 60 entidades suscribieron con la Administración Pública Valenciana un compromiso pionero en el Estado: el primer pacto autonómico contra la violencia machista respaldado por todos los grupos con representación parlamentaria.

En el segundo aniversario del acuerdo los convocantes celebran que ya sean más de mil las entidades y organismos que lo respaldan y 12.000 personas a título individual las firmantes en la web habilitada para conocer los objetivos. El pacto llegó a plantear cerca de 300 medidas, gran parte de ellas responsabilidad de la Generalitat Valenciana, las diputaciones y ayuntamientos, de las que se consideran cumplidas el 80%. 

En la reunión de este martes de las entidades que originalmente suscribieron este documento, el balance señala que hay 166 medidas ya realizadas o en ejecución permanente, 74 en proceso y 53 pendientes de desarrollo. Entre ellas destacan la prohibición de la administración de subvencionar a medios de comunicación que incluyeran anuncios de prostitución, que ha supuesto la práctica eliminación de esta forma de publicidad o la equiparación de las indemnizaciones a las víctimas de violencia machista con las del terrorismo.  

La convocatoria ha servido para establecer la creación de nuevos retos para la legislatura y poner en marcha algunas medidas. Entre ellas, la titular de Igualdad destacó la creación de un grupo de trabajo para estudiar cómo luchar contra la violencia sexual desde la perspectiva de la educación afectivo-sexual, del que nacerá la estrategia valenciana con el mismo nombre. Antes de que finalice el año, las entidades prevén la creación de otro grupo para diseñar la figura del acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género con diversidad funcional, “colectivo doblemente vulnerable y que requiere de un apoyo específico en este tipo de situaciones”.

Aunque el gran reto de la legislatura será la creación y aprobación de una nueva ley de Igualdad, tarea del Ejecutivo y del parlamento autonómico, que avance en los aspectos de su predecesora. El departamento de Mónica Oltra busca una norma que nazca “de un proceso participativo, abierto y horizontal, y que trabajará sobre la base de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, una premisa básica en la lucha contra la violencia machista”, asegura. 

Medidas cumplidas

La Generalitat se felicita por la batería de medidas cumplidas y destaca que en 2019 haya entrado en vigor la renta complementaria por prestaciones, que permite complementar las rentas activas de inserción para las mujeres víctimas de violencia de género y las incrementa de 250 a 680 euros. En el ámbito económico, se han aumentado las cuantías del Fondo de Emergencia de la Generalitat hasta vincularlas al salario mínimo interprofesional. Así, las ayudas que recibe la víctima en el momento en el que abandona el domicilio en el que convivía con el agresor -las llamadas ayudas de emergencia básica-, pasan de 200 a 2.700 euros.

El reconocimiento de la situación de monoparentalidad para aquellas mujeres víctimas de malos tratos y las personas a su cargo, ha sido otra de las medidas realizadas, y que permite el acceso a deducciones fiscales, exención de tasas educativas y prioridad en el acceso a los servicios públicos.

En el ámbito de la atención urgente a las víctimas, la Generalitat destaca la ampliación de la red de viviendas y la priorización de estas mujeres en el acceso a la venta y alquiler de viviendas de protección social. Respecto a la inserción sociolaboral, la vicepresidenta destaca los programas de los servicios públicos de empleo con los profesionales de apoyo y los programas de acompañamiento.

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