Antifraude pide a Borriana que reclame 21 millones al agente urbanizador de un PAI aprobado por el PP y reactivado por la izquierda

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, ha pedido al Ayuntamiento de Borriana, en manos del PSPV-PSOE, que reclame al agente urbanizador del Proyecto de Actuación Integral (PAI) de Sant Gregori 21 millones de euros, “sin perjuicio de las penalidades no estimadas por falta de datos”. El proyecto, de 2,5 millones de metros cuadrados, tiene una capacidad para unas 6.000 viviendas cuenta con un campo de golf de 18 hoyos. El consistorio, gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís, reactivó el proyecto para espanto de los colectivos ecologistas. Se trata, según Juan Lozano, director general de High End, la firma que ejerce actualmente de agente urbanizador, del “mayor proyecto urbanístico que hay en marcha actualmente en primera línea de playa en toda España”.

La AVA considera acreditado que el agente urbanizador incumplió el convenio urbanístico, firmado en 2005 con el alcalde popular Alfonso Ferrada. Así, el agente urbanizador no cumplió con el plazo de redacción y presentación del proyecto de reparcelación ni la ejecución de las obras. Además, Antifraude considera que Urbanización Golf Sant Gregorio SAU es responsable de la “paralización injustificada” del proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta de las obras del proyecto de enlaces exteriores del PAI al no ingresar el importe del justiprecio que le correspondía anticipar.

También reprocha al agente urbanizador que causara la caducidad del procedimiento de evaluación ambiental para la recuperación del frente litoral y del paseo marítimo de la urbanización Golf Sant Gregori, “por no haber presentado los proyectos necesarios, debidamente redactados”.

Tampoco cumplió con la obligación de depositar la garantía de tres millones de euros para asegurar el compromiso de construcción del campo de golf ni de garantizar el importe anticipado percibido de los propietarios en concepto de cargas de urbanización. En 2016, tras la victoria de los socialista frente a los populares, el consistorio revocó la adjudicación de agente urbanizador a la firma e incautó la fianza por incumplimiento grave en los plazos. En aquel momento, ya había una demora de cuatro años en la ejecución del campo de golf y de dos años en el proyecto de urbanización.

Sin embargo, el ayuntamiento estimó más tarde un recurso de reposición de la empresa y devolvió la condición de agente urbanizador así como la fianza. “A pesar de estar acreditada la demora en los plazos de ejecución en todos los informes jurídicos emitidos, en ningún momento se ha reclamado la aplicación de las penalidades pactadas”, señala la denuncia que dio inicio a la investigación de Antifraude. 

Una mercantil presentó una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Borriana pero el Juzgado de Instrucción número 3 de Vila-real dictó el sobreseimiento de la causa (una decisión confirmada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón). El auto considera que no hay indicios de criminalidad y remite a los querellantes a la vía del contencioso.

Antifraude retomó las pesquisas tras el sobreseimietno de la causa. La AVA también reprocha al consistorio castellonense la contratación de informes de asesores jurídicos externos (“cabe destacar que los informes emitidos por los técnicos municipales difieren radicalmente de los informes externos”, señala la AVA). La agencia recomienda “como regla general” que la tramitación de los procedimientos administrativos “se lleve a cabo por los empleados públicos con funciones atribuidas para ello”.

Sobre el incumplimiento del convenio urbanístico por parte del agente urbanizador, la AVA ha resuelto que “deberán reclamarse” las penalidades por saltarse los plazos, una cantidad que Antifraude cifra en, al menos, 21 millones de euros. El agente urbanizador, tras la reactivación del proyecto sin voto alguno en contra en el consistorio, gobernado por el PSPV-PSOE, con el apoyo de Compromís y de Podem, adjudicó la urbanización del espacio a las constructoras CHM y Durantia por 86 millones de euros, según informó El Español.