Benimaclet: ruidos, silencios, complicidades

Los vecinos del entorno del Racó de Sant Llorenç, antiguo término municipal de Benimaclet antes de su incorporación a la ciudad de València parece que vamos a enlazar el mes de noviembre de 2019 con la primera mascletà del primero de marzo de 2020. Con una salvedad, las mascletaes por lo común no pasan de los diez minutos y las del Racó alcanzan de promedio las diez horas, a veces de lunes a sábado y fiestas de guardar como amenaza que planea sobre nuestros oídos y paciencia. El foco emisor para situar vecinos no víctimas, las calles Dolores Marqués/ Círculo de Bellas Artes.

La emisión acústica dice ser ajustada a la normativa. No podría ser de otro modo en nuestro excelente Estado de derecho. Decibelios, los que fijan reglamentos y ordenanzas, por supuesto. Como los automóviles que cumplen las emisiones de gases de efecto invernadero. Nadie parece tener en cuenta la elemental emisión, en este caso de ruido, y los efectos de la inmisión. De los gases en el caso de los vehículos, y del ruido. En el primero sobre el aparato respiratorio, en el que nos ocupa sobre el oído ante todo, y en ambos casos sobre la salud de todos los seres vivos, incluidos los humanos. Efectos acumulativos, pues no es lo mismo aspirar una hora un gas expelido por la combustión de un motor o estremecerse en el impacto de una mascletà que soportar días y semanas, durante horas, la percusión de una cimentación como la que se refiere. La OMS tiene dictámenes al respecto que en su día habrá que aducir en sede diferente a la de este medio de comunicación. Una clara amenaza a la salud pública que tiene su tipificación jurídica.

La tecnología elegida por la empresa para la cimentación (hincar pilotes por percusión) es la más apropiada para una prospección petrolífera en alta mar, para la construcción de un depósito de gas como el Castor (con las consecuencias en este caso bien conocidas), o un almacén de residuos nucleares en una paramera. Nunca en un entorno urbano consolidado, edificado y habitado.

Aducir que la técnica adoptada esquiva el problema de la capa freática resulta risible si no fuera por las consecuencias además de constituir un insulto a la inteligencia y a la experiencia. Todos los edificios de altura análoga al que se construye debieron padecer idéntico inconveniente. Más aún, la L3 de Metrovalencia, tan cercano, no infligió tamaña agresión al vecindario, y eso que discurre a menos 20 o 30 metros sobre la rasante de la calle Emilio Baró, y fue construida construida a cielo abierto.

Hasta aquí, nada nuevo, que saber ya se sabía por parte de los científicos, médicos y demás, y las víctimas de la agresión medioambiental que somos los seres que ocupamos la capa de la biosfera poco considerada por los perpetradores de la agresión y sus cómplices necesarios.

La naturaleza humana es curiosa. La pregunta sobre el estruendo continuado no es otra que la más natural, inmediata, ¿porqué?, y ¿porqué aquí?.

El PGOU de 1988 previó un amplio espacio dotacional público, incluido un uso escolar, en el foco de los ruidos donde ahora se construye un edificio de viviendas. Los “resquicios” del planeamiento urbanístico y más transcurridos treinta y dos años, permiten siempre que se justifique mediante el oportuno documento, el cambio de una calificación tan importante como es la de prescindir de un equipamiento colectivo. Por supuesto que cabe pensar que la tramitación, con sus informes técnicos y jurídicos, es impecable.

“Resquicios” y tribunales con la iglesia católica por medio, las consiguientes sentencias que al parecer obligaron a la ciudad y sus ciudadanos y ciudadanas a “compensar” por supuesto que con edificabilidad a la santa y apostólica, que se apresuró a transferir, óbolo mediante, sus derechos edificatorios al correspondiente promotor y constructor privados.

No lo es la decisión, que compete a los munícipes. Por ley por supuesto como siempre, y por sentido común y de la oportunidad.

En un espacio que los “resquicios” han densificado la necesidad de un equipamiento público, incluido el escolar deviene ineludible. En primer lugar porque si con menos habitantes ya se previó, con muchos más no cabe duda que su eliminación tendrá consecuencias sobre los candidatos a su uso público, incluido el escolar.

Hay más, la densificación aludida ha ido creando espacios que algunos califican de gentrificación, esto es, elementos cerrados sobre sí mismos, ajenos al entorno. Puede que quienes idearon el cambio pensaran que el perfil de los nuevos vecinos les abocaba a la escuela privada, concertada, confesional o no. Y que además no requerían tampoco de elementos de convivencia accesibles como los comercios de proximidad al N del núcleo edificado histórico de Benimaclet. O que quienes llevamos más de treinta años integrados en el entorno éramos una especie que no merecía el respeto al planeamiento, con la previsión de un espacio dotacional público ahora eliminada, el derecho a su acceso y disfrute.

Nuestros hijos, ya crecidos, fueron a escuelas públicas en su mayoría. Alejadas de la vivienda familiar; prosiguieron su formación cuando han podido en instituciones académicas igualmente públicas. Nuestros nietos no han podido hacerlo, como tantos otros vecinos llegados más tarde, en un centro próximo.

Centro que podría no haber sido solamente de educación sino también y de modo relevante, un polo de convivencia, integración de la diferencia cuando esta existe, y un elemento de sociabilidad. Elemento además de alejamiento de la privatización del derecho a la educación, o incluso del transporte escolar que atesta las calles con destino a lo que se entiende como modernidad ejemplar.

Los silencios. Clamoroso el vecinal organizado en asociaciones o plataformas diversas. Alguno de sus componentes simple transeúnte que expresa legítimamente sus rechazos sin atenerse a veces a los más próximos. Silencio cómplice en la medida que a algunos se les ha requerido a manifestar su opinión en los complejos trámites burocráticos que acompañan la descalificación de un suelo destinado a dotación pública a otro de apropiación privada y uso asimismo privado. Silencio que parece que se extiende a otras reivindicaciones sin la consideración debida a los representantes públicos municipales, como es el caso de un célebre PAI, notorio por lo dilatada de su tramitación y las controversias que sigue generando.

La meticulosidad técnica y jurídica no exime de la responsabilidad política. La pulcritud del trámite no puede ocultar la decisión que lo origina, que por supuesto es política. Se añade otro silencio precedido del sigilo cauto de quien conoce el alcance de las consecuencias de sus decisiones, y que sin embargo no duda en aplicarlas aunque los efectos sean irreversibles. No creo que por ingenuidad o descuido un asunto así haya pasado desapercibido a nuestros representantes. Acaso un Chirbés podría aclararlo con mayor precisión que autores, herederos y beneficiarios de las “innovaciones” urbanísticas de los años ochenta y noventa del pasado siglo. Sería esclarecedor conocer qué técnicos y qué responsables políticos, ante el obligado Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión , informaron y firmaron la correspondiente licencia municipal que avala el sistema de cimentación elegido, el ya citado hincado de pilotes por percusión o martillo. Tiempo habrá.

Las consecuencias. La ruptura de una integración del tejido urbano y sus habitantes, una más. La victoria pírrica del individualismo monetizado que se reduce a reclamar posibles desperfectos y afecciones a las edificaciones existentes. El valor de una pérdida irreparable, los efectos de la desmesura sobre la salud y las ocupaciones algo de lo que se puede prescindir o en todo caso ser objeto de salidas individuales.

No se trata de un caso aislado, lo que ensombrece más un pesimismo acrecentado. Las manos sobre la ciudad, más bien las zarpas, con una tenacidad que solo la avaricia y la inconsciencia, involuntaria o querida, justifican. Compartir, aceptar de algún modo, los ruidos y los silencios nos retrotraen a épocas grises de nuestro pasado. A la resignación que recomendaba con enfático cinismo un político delincuente castellonense: “ajoyagua”, que nos negamos a traducir por la descarada desvergüenza que contiene.

La “gentrificación” no es solo obra de la avaricia, sino también de quienes aceptan la segregación, la ausencia de responsabilidad colectiva, mientras miran hacia otro lado bajo el pretexto de denuncias genéricas sobre la especulación inmobiliaria.

Cabe todavía reprochar al último empresario y sus técnicos la arrogancia y el desprecio que llevan aparejados y exhiben sin atenerse a razones por más educadamente que se les han expuesto. Al cabo solo (¡) han sabido como en tantas ocasiones, aprovechar “resquicios”, complicidades y silencios.

Se trata de una conocida constructora. Conocida por sus desmanes tan elevados como su facilidad para acceder a los palcos futbolísticos o los despachos del poder y del dinero. La jactancia y el desprecio, supuestamente técnicos y empresariales andan emparejados en estos nuevos líderes autoproclamados de una sociedad que ellos mismos dicen “civil”. Los ciudadanos y ciudadanas meros comparsas, en este y tantos casos, víctimas.

El estruendo pasará, sus efectos no. Las repercusiones sobre las estructuras edificadas pueden manifestarse a lo largo de años; los efectos sobre la salud ya lo han hecho. El espacio de la integración y la convivencia sin embargo se habrán esfumado para siempre. En medio del silencio y la indiferencia.

El 4 de febrero se anuncia un acto vecinal al respecto. Aunque tardío, bienvenido. Por respeto a tan legítima expresión como a las decisiones que se acuerden, decidí no encomendar la edición de este texto, escrito con mucha anterioridad. Con un deseo, el de la recuperación de la combatividad por una ciudad, un barrio y un rincón, más habitable, a la escala de todos los seres vivos, humanos y entrañables convecinos.

Ejercer un mandato democrático también tiene un precio. El mío ha sido elevado: probablemente formaba parte del compromiso adquirido en una militancia leal para la transformación de una ciudad, la mía, que acaso en un exceso pasional confundí con una aspiración colectiva.

De lo que no estoy dispuesto es a pagar de más: ni más derechos, que nunca aduje y menos ejercí, ni por supuesto menos. Eso sí, me queda la palabra.