'Caso Fabra', segundo asalto: el juez investiga cuentas bancarias del expresidente de la Diputación de Castelló y a empresarios

Carlos Fabra, el todopoderosos expresidente de la Diputación de Castelló por el Partido Popular y último exponente de una larga saga familiar de políticos que han controlado durante décadas la provincia, se enfrenta de nuevo a una investigación judicial capitaneada por el mismo juez que lo llevó a prisión que ha seguido el rastro a centenares de cuentas bancarias. La Fiscalía anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional investigan a Fabra por los presuntos delitos contra la justicia y la Administración Pública.

El expolítico del PP, que últimamente ha frecuentado círculos de su antiguo partido y también de Vox, acabó de cumplir su pena de prisión hace apenas dos años. Los investigadores de la Udef practicaron la semana pasada un registro en la vivienda del expresidente de la Diputación de Castelló, situado en una lujosa zona de les Platgetes de Oropesa, donde llegó a veranear el expresidente del Gobierno José María Aznar en los años de esplendor de Fabra. 

La causa que instruye el juez Jacobo Pin investiga centenares de cuentas bancarias supuestamente vinculadas al expolítico del PP y a varios empresarios castellonenses, según ha adelantado la Cadena Ser. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castelló mantiene a Fabra como investigado junto a otras tres personas que estarían relacionadas con el expolítico y la presunta comisión de delitos, tal como informó este diario.

Carlos Fabra figura como presidente y consejero delegado en una empresa familiar (Planing y Promociones SL) junto a su hermano Luis. La mercantil, constituida en 1982 y dedicada a la promoción inmobiliaria, está actualmente inactiva (el cierre provisional de la hoja registral se produjo hace 20 años). La instrucción del nuevo caso Fabra sigue la pista a centenares de cuentas bancarias supuestamente vinculadas al político, investigado por ocultar bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia que lo condenó a prisión hace siete años.