El Gobierno valenciano extingue la empresa que montó Zaplana para hacer colegios investigada en el caso Taula
El Gobierno valenciano pondrá punto final a la empresa pública de construcción de colegios responsable de mil millones de euros en sobrecostes y de una deuda acumulada por la Generalitat de más de 2.000 millones. La ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que pasa estos días los trámites parlamentarios, prevé la extincion de Ciegsa para el año 2020.
No obstante, el texto del Consell de PSPV-PSOE y Compromís prevé que la empresa termine los proyectos que siguen en marca. Según el texto , “de manera transitoria asumirá los encargos de gestión de la Consellería, especialmente en cuanto a la instalación y conservación de aulas prefabricadas”. Los estatutos de la empresa ya han sido modificados para que deje de construir nuevos proyectos.
Ciegsa nació en 2000 de las manos del gobierno autonómico del PP, que entonces presidía Eduardo Zaplana. Durante casi dos décadas ha funcionado con opacidad y ha dejado un agujero millonario en las arcas públicas. La justicia, dentro del caso Taula, y la Unión Europea, por supuesta malversación en fondos destinados a crear colegios, ya han puesto la lupa sobre la gestión de Ciegsa.
Mientras se da esta extinción, el Ejecutivo autonómico irá desarrollando el plan alternativo para hacer frente a la construcción de colegios. El 'Pla Edificant', presentado hace unas semanas, devolverá a Generalitat y ayuntamientos la responsabilidad para la construcción de colegios, evitando terceros. El proyecto prevé la construcción de 200 nuevos centros y la reparación de otros 500, con una inversión de 700 millones de euros.
Mediante este plan, los ayuntamientos asumen la tramitación burocrática y la Generalitat realiza la financiación íntegra de las actuaciones a través de Educación como la eliminación de barracones, la construcción de nuevos centros, la ampliación y adecuación de otros y la rehabilitación de instalaciones obsoletas.
El Consell aprobó el jueves el decreto ley, dada la urgencia y necesidad de articular un régimen jurídico que permitiera la cooperación entre la Generalitat y los ayuntamientos, teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el estado actual de las infraestructuras educativas valencianas.
