De combatir la especulación a la equidad territorial, las propuestas de Compromís a la UE sobre el problema de la vivienda

El derecho a la vivienda está ampliamente reconocido en España y la Unión Europea; sin embargo, la efectividad real de este derecho resulta a día de hoy “muy cuestionable”, tal y como apuntan desde Compromís, que recuerda que el 40% de los ciudadanos de la UE consideran la falta de vivienda asequible -los precios, tanto de compra como de alquiler están disparados- como un problema “urgente e inmediato”. Ante esta situación, los valencianistas hablan de una situación de “emergencia habitacional”.

Compromís ha elaborado un informe, 'Habitar Europa: diagnóstico y propuestas valencianas para una política europea de vivienda', en el que incluye una serie de medidas basadas en las comparecencias de decenas de expertos en la comisión de vivienda del Parlamento Europeo, “unas propuestas concretas, viables y basadas en la experiencia que sólo si atajamos la especulación, podremos garantizar el derecho a la vivienda”, asegura el eurodiputado valencianista Vicent Marzà.

El informe se resume un decálogo de medidas “por una vivienda digna” en la Unión Europea. Entre las medidas propuestas, se encuentra la adopción de la directiva europea de garantía del derecho a la vivienda digna, asequible y sostenible, un derecho que debe incorporarse a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, marcando como objetivo que “al menos el 30% del parque de vivienda europeo sea asequible”.

También la financiación estable y con condicionalidad social por medio de la creación de un fondo europeo de vivienda (proveído por la Comisión, préstamos y garantías del Banco Europeo de Inversiones BEI) “con acceso directo para municipios, territorios, cooperativas y empresas de lucro limitado”. Estos fondos deben estar condicionados a que los inmuebles beneficiarios estén catalogados, de forma indefinida, como protegidos o asequibles, con precios de venta o alquiler como mínimo un 30% por debajo de los precios medios de la zona.

Fiscalidad “justa y redistributiva”

Reclaman una fiscalidad “justa y redistributiva” a través de un rediseño del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con “criterios de crecimiento exponencial de la tasa a medida que se acaparan viviendas”, además de eliminar los privilegios fiscales de las Sicavs y Socims, “que hacen que tribute menos quien alquila quince casas que quien alquile una”, así como “establecer figuras sobre pisos vacíos”.

El decálogo también platea la adquisición y rehabilitación de vivienda social y asequible por medio de programas permanentes de compra y rehabilitación, incluyendo el instrumento de tanteo y retracto para captar vivienda “de manera ágil, a precios más reducidos y evitando la 'guetización'”, para ampliar el parque público con edificios ya construidos y priorizando aquellos que se encuentran vacíos o en desuso.

La búsqueda de un enfoque social y ambiental con la creación de un parque “suficiente, estable y sostenible”, estableciendo mecanismos para declarar de utilidad pública, con destino exclusivo para vivienda asequible, suelo urbano y urbanizable “estratégicamente ubicado”, dotando a la Administración de capacidad expropiatoria “a precios justos para evitar la especulación”.

Limitar la compra masiva de viviendas

Así mismo, Compromís propone la lucha contra el acaparamiento y la especulación, limitando la compra masiva de inmuebles en zonas tensionadas y estableciendo restricciones para grandes tenedores y fondos de inversión “que utilizan la vivienda como un activo especulativo”.

De igual modo, exigen la regulación de los alquileres turísticos y del mercado, reduciendo el 30% de las licencias ya concedidas dejándolas de renovar una vez caduque el plazo de validez y aplicando “de forma estricta” la directiva europea de alquiler corta estancia, eliminando la oferta de todos los pisos sin licencia, estableciendo el registro obligatorio, las autorizaciones previas y las sanciones contra la oferta ilegal.

Reclaman la garantía de accesibilidad económica estableciendo la regla del 30%: “Ninguna familia debe destinar más del 30% de sus ingresos a vivienda y suministros”, con ayudas directas y acceso prioritario a vivienda social para los hogares más vulnerables.

Innovación y modelos alternativos

La formación valencianista apuesta por la innovación y modelos alternativos, fomentando cooperativas de vivienda en cesión de uso, la colaboración entre la Administración y empresas de lucro limitado que faciliten alquileres asequibles de larga duración, la creación de la figura del alquiler asequible indefinido y la obligatoriedad de la negociación colectiva de las subidas de precios entre propietarios y sindicatos de inquilinos.

Por último, el decálogo apuesta por la equidad territorial, con garantías de vivienda en el entorno rural incluyendo en cada programa la opción de financiación a fondo perdido por parte de la Comisión Europea de todos los gastos de gestión y contratación de los profesionales necesarios para que los pequeños ayuntamientos también puedan optar a todos estos programas.

Tal y como señala el eurodiputado valencianista, a Compromís le preocupa que el Partido Popular “abandone el consenso” del Comité Económico y Social Europeo y “renuncie a buscar soluciones de amplia mayoría para afrontar la crisis de la vivienda en Europa, abrazando en su lugar un dogmatismo neoliberal y un discurso ideológico que no responde a las necesidades de la ciudadanía europea”.

“Lo que necesitamos es un informe equilibrado y no sesgado, que aborde la financiación de la vivienda como bien de especulación, proteja a los inquilinos e inquilinas, marque objetivos claros para ampliar el parque de vivienda pública y asequible, y que condicione el uso de fondos a garantizar el derecho a una vivienda digna y sostenible, no a engordar las ganancias de las grandes constructoras a costa de lo público”, subraya Marzà.