Las Corts Valencianes bloquean la petición de Vox sobre las ayudas al colectivo LGTBI hasta saber si incurre en discriminación
La Mesa de las Corts Valencianes sigue debatiendo sobre si debe tramitar o no la petición de documentación que el grupo de extrema derecha Vox realizó sobre las subvenciones a los colectivos LGTBI por parte del Ejecutivo valenciano. Por el momento, el órgano que controla el Parlamento autonómico mantiene bloqueada la petición hasta determinar si es o no discriminatoria.
El pasado 17 de julio, la Fiscalía respondió a la Presidencia de las Corts sobre sus dudas respecto a si la petición de datos acarreaba un delito de odio. El órgano fiscal determinó que no se trataba de un delito de odio, pero advertía que podía ser una acción discriminatoria, ya que se centraba en un colectivo en exclusiva. El ministerio fiscal también valoraba la posibilidad de que se diera intromisión en la intimidad de las personas pertenecientes al colectivo al tener que revelar su identidad y orientación sexual.
Desde que el escrito llegara a la Mesa se ha reabierto el debate entre los cinco grupos que la conforman (PP, PSPV, Ciudadanos, Compromís y Unides Podem), sobre si se debe tramitar o no la petición de las subvenciones otorgadas por el Gobierno valenciano a estos colectivos. Para evitar una disputa permanente, los representantes han pedido a los letrados de la Cámara que elaboren un informe y determinen si se puede tramitar o no esta petición y si vulnera alguna normativa.
En concreto, la representante de Unides Podem en la Mesa, Cristina Cabedo, ha solicitado que el informe entre a considerar si se vulnera la ley de Igualdad LGTBI valenciana, aprobada el pasado noviembre por todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo. Esta ley establece en su artículo 5 que las administraciones velarán por el derecho a la no discriminación y podrán actuar de oficio sin necesidad de recibir denuncia o queja.
La diputada morada pide que el informe analice explícitamente este artículo, basándose en el informe de Fiscalía, así como en los artículos del reglamento de las Corts sobre admisibilidad e inadmisibilidad de peticiones de información. Mientras, el grupo de extrema derecha ha comenzado a pedir información sobre los menores no acompañados tutelados por la Generalitat, vinculando su acogida con un aumento de la delincuencia que los informes oficiales no avalan.
