La defensa de la exconsellera Pradas apoya que el juzgado de la DANA permanezca en la Ciudad de la Justicia de València

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas se ha adherido al escrito de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, para que el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja se quede en su ubicación provisional de la Ciudad de la Justicia de València incluso tras la reapertura de la sede en la localidad de l'Horta Sud, arrasada por la barrancada del pasado 29 de octubre. ACPV pidió a la jueza instructora que, ante la “inminencia” de la reapertura del Palacio de Justicia de Catarroja, solicitara a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) su “permanencia” en su actual localización en València, donde se ha desarrollado el grueso de la instrucción. La magistrada pidió a las partes que se pronunciaran al respecto. Y varias acusaciones, además de la defensa de Pradas, se han mostrado favorables a la petición. La jueza instructora, en una providencia dictada este miércoles, ha pedido al Ministerio Fiscal que se pronuncie al respecto.

Los letrados de la exconsellera, Eduardo de Urbano y Sandra Imedio, argumentan que mantener la sede del juzgado en València “asegura una mayor accesibilidad” para desplazarse “periódicamente” desde Madrid frente a un “pueblo pequeño” como Catarroja que no cuenta con una red de transporte público tan desarrollada como la capital del Túria y que facilita los trayectos de abogados, procuradores, testigos o peritos, especialmente aquellos que residen fuera de la ciudad.

El cambio a la sede del Palacio de Justicia de Catarroja implicaría también un incremento en los costes de desplazamiento de las partes y sus representantes y gastos adicionales de alojamiento “si las audiencias se extienden”. “Además, puede resultar más costoso y complicado para testigos y peritos acudir a una localidad más alejada, lo que podría dificultar o retrasar en ocasiones la práctica de la prueba”, apostilla el escrito de la defensa de la exconsellera Pradas.

En definitiva, agrega, la actual sede provisional en la Ciudad de la Justicia de València cuenta con más recursos para una instrucción de tal “volumen” como la de la DANA.

Algunas acusaciones, tanto particulares como populares, han apoyado la propuesta de la representación jurídica de ACPV. La acusación popular que ejercer el sindicato CGT recuerda que el desplazamiento a València “acostumbra a ser más sencillo” para víctimas, testigos o peritos al ser capital de provincia.

El sindicato también considera que los medios de que dispone la Ciudad de la Justicia de València han permitido el “buen desarrollo de la compleja instrucción en las mejores condiciones” para todas las partes, especialmente en las conexiones telemáticas de las declaraciones. “Dichas facilidades no sabemos si podrían mantenerse en un Juzgado más pequeño y, por tanto, posiblemente, con menos medios”, concluye el letrado de CGT.

Una causa con una “extraordinaria singularidad”

La abogada de Intersindical Valenciana también se adhiere al escrito de ACPV por la “extraordinaria singularidad” del procedimiento de la DANA y las numerosas partes personadas. Intersindical considera “razonable” que el juzgado se quede en la Ciudad de la Justicia de València al no poder “absorber” las dependencias de Catarroja “con la misma eficacia y celeridad” la práctica de las diligencias pendientes “por no disponer de los mismos medios”.

Podemos, por su parte, recuerda que las víctimas provienen de “toda” la zona afectada por la DANA y “de toda España” los representantes jurídicos de todas las partes. A todos les resulta “más fácil” acudir a la Ciudad de la Justicia de València, por lo que el partido morado considera “adecuada” la petición.

Por otro lado, una de las acusaciones particulares indica que “lamentablemente” se trata de una instrucción “especial y compleja” que, a pesar de ello, se desarrolla sin dilaciones indebidas. Además, considera que las instalaciones de Catarroja “no están preparadas para asumir técnicamente la presencia de profesionales correspondientes a 21 acusaciones particulares y otras 14 acusaciones populares, más los abogados de las defensas y el Ministerio Fiscal”.