Las defensas de 'Taula' atacan las “grabaciones subrepticias” del 'yonqui del dinero' a pesar del fallo que las avala

La historia se repite en el tercer juicio del 'caso Taula' de la pieza separada D, relativa al presunto amaño de la adjudicación de un 'call center' por parte de la empresa pública de la Diputación de Valencia de la que Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', era gerente. Dos de los principales acusados —el expolítico del PP Alfonso Rus y Benavent— comparten de nuevo banquillo, esta vez ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras el último juicio sobre la contratación de trabajadores 'zombis'. Y ambas defensas comparten una estrategia clara de ataque sin cuartel a las grabaciones secretas que hizo el 'yonqui del dinero' a los componentes de la trama.

Todo ello a pesar de que la primera sentencia del 'caso Taula', relativa a la pieza separada J por la que Benavent fue condenado a casi ocho años de prisión por blanqueo y falsificación, avaló los audios. El fallo, dictado por la misma sección de la Audiencia Provincial de Valencia, argumentaba que la supuesta manipulación de los audios “no ha sido acreditada de forma alguna” y que, además, Benavent “reconoció y admitió” tanto su autoría como su contenido.

Tras casi siete años de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Benavent cuenta con un nuevo abogado y una estrategia de defensa diametralmente distinta, que pasa por cuestionar los audios y la cadena de custodia del material informático que propició el inicio de las pesquisas.

El letrado del 'yonqui del dinero' ha afirmado, durante la fase de cuestiones previas del juicio, que se trata de una “injerencia en derechos fundamentales” y ha aludido a las casi diez horas de audios como “grabaciones subrepticias”. Se trataría, según el argumentario de la defensa de Benavent, de una “prueba obtenida de forma ilícita”. Además, también ha alegado que el juez instructor acordó la complejidad de la causa, al inicio de la investigación, cuando ya habían pasado cinco meses del plazo legal.

Así, ha pedido que se aparten del proceso todas las diligencias acordadas a partir del 15 de julio del 2016, cuando la ampliación del plazo de la causa estaba caducada, según el letrado.

“Carece de sentido” cuestionar los audios, según el fiscal

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha negado que se produjeran irregularidades y ha explicado que las declaraciones clave en esta pieza separada durante la fase de instrucción —especialmente las confesiones de Marcos Benavent— se produjeron antes de que la causa fuera declarada compleja. También ha alegado que “carece de sentido” cuestionar la validez de los audios, que fueron extensamente desgranados y analizados por el 'yonqui del dinero' ante los investigadores de la UCO.

Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para Alfonso Rus, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias; cuatro y medio para Benavent, por prevaricación y malversación, y 13 años para Mariano López, exsuegro del 'yonqui del dinero' y para el empresario Fernando José Palomares, de la firma adjudicataria del 'call center'.

El abogado de Alfonso Rus, por su parte, se ha sumado al argumentario del letrado del 'yonqui del dinero' y ha reiterado que la obtención por parte de Anticorrupción de los “ingenios informáticos” (en referencia a los 'pen drive' con los audios) fue “absolutamente ilícita”, dando lugar a una ruptura de la cadena de custodia y a una supuesta vulneración del derecho de defensa.

De hecho, en este tercer juicio del 'caso Taula', al igual que sucedió en el anterior, hay una sesión dedicada a una suerte de careo entre peritos informáticos de las defensas y de la UCO.

En el banquillo de los acusados se sienta por primera vez un enigmático personaje de la macrocausa. Se trata del empresario Mariano López, exsuegro del 'yonqui del dinero' que entregó a la denunciante del 'caso Taula', la actual consellera de la Generalitat Valenciana Rosa Pérez Garijo, las grabaciones y luego hizo lo mismo con la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre aseguró en el juicio anterior que lo hizo por pura venganza hacia su exyerno, a raíz del traumático divorcio de Benavent con su hija. Sin embargo, las pesquisas detectaron que López obtuvo, a través de una firma pantalla a nombre de su cuñada, también acusada, el 15% del valor total de la adjudicación del 'call center'.

Su defensa ha asegurado que no se ha probado la “posible ejecución defectuosa por parte de la empresa adjudicataria”. “No todo vale, se ha vulnerado el derecho a conocer la acusación”, ha dicho el abogado de López.

Un ama de casa al frente de una firma pantalla

En el banquillo también se sienta María Concepción Torregrosa, cuñada de López y administradora de la empresa a través de la cual el acusado cobró 158.883 euros de la mercantil Servimun. La mujer reconoció durante la fase de instrucción que era un ama de casa que simplemente figuraba como administradora única en la empresa que sirvió para que su cuñado ingresara la presunta comisión.

Su defensa también ha sostenido que “el motivo de la acusación no está claro”, e incluso que “no existe”. Además, el letrado ha pedido que se le dispense de asistir al resto de jornadas del juicio, que se prolongará hasta el próximo mes de junio, tras su declaración, prevista este miércoles. El abogado ha aludido a la edad de la acusada y a su domicilio situado en Xàtiva (“a más de 60 kilómetros de Valencia”) como motivos para eludir la “pena de banquillo”.

Su defensa asegura que María Concepción Torregrosa ha sufrido un “calvario” a la entrada de la Ciudad de la Justicia ante la presencia de cámaras y redactores de medios de comunicación, “rozando el contacto físico con la acusada”, ha dicho.