Delito contra la salud pública o corrupción en los negocios: la denuncia el PSPV por la reutilización de catéteres

La denuncia del PSPV-PSOE contra el gerente del Hospital del Vinalopó, Rafael Carrasco Moreno, ve un presunto delito contra la salud pública en la reutilización de catéteres de un solo uso, destapado el pasado 21 de enero por elDiario.es. Además, la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, sostiene que las irregularidades podrían constituir indiciariamente también los presuntos delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.

Los socialistas valencianos reseñan la normativa europea y estatal sobre productos sanitarios de un solo uso. Los catéteres “reutilizados hasta en diez ocasiones” por el Hospital del Vinalopó, gestionado por el Grupo Ribera Salud, “son productos sanitarios utilizados para la administración de medicamentos citostáticos o radiofármacos, materiales y dispositivos de un solo uso, cuya función principal es garantizar la seguridad del paciente y del personal sanitario, minimizando la exposición accidental”, según afirma la denuncia.

El PSPV-PSOE también recuerda que la prohibición de reutilización de este tipo de productos “se basa en la necesidad de garantizar la seguridad del paciente, ya que el reprocesamiento inadecuado puede comprometer la funcionalidad, la esterilidad y la integridad del producto, incrementando el riesgo de infecciones o fallos del dispositivo”. “La política de un solo uso de este tipo de productos es un pilar fundamental en la gestión sanitaria, para prevenir incidentes adversos y proteger la salud pública”, apostilla.

Prestación “deficitaria o inexistente”

Las “instrucciones” de los órganos directivos de la empresa concesionaria a sus empleados, podrían “constituir una omisión de los deberes de control, supervisión o ejecución por parte de la Administración, de la actividad que constituye la concesión”, “suponer un daño para la salud de los ciudadanos al ponerlos en riesgo por el uso de material sanitario contraviniendo las normas de utilización” e incluso para el “interés público, en cuanto que se remunera a una entidad privada por un servicio público cuya prestación resulta deficitaria o inexistente”.

La denuncia solicita a la Fiscalía Provincial de Alicante que tome declaración al gerente del hospital y que recabe la documentación publicada por este diario, en referencia al correo interno que reseñaba el uso de los catéteres.

También pide al Ministerio Público que requiera a la filial de Ribera Salud que gestiona el hospital que identifique al equipo directivo al completo.

El contrato de la concesión del hospital fue prorrogado por el Consell de Carlos Mazón hasta 2030, con un importe de prórroga de 826,7 millones de euros. La cláusula octava del pliego de prescripciones técnicas adjudica a la Conselleria de Sanitat el control y la garantía de la “adecuada prestación sanitaria y calidad asistencial”.