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Militantes y exmilitantes denuncian a la Fiscalía que Vox usó en Elche un sistema de blanqueo como el del PP de Valencia en el caso Taula

Imagen de Vox Elche en campaña en abril de 2019 con Amparo Cerdá en el centro junto con José María Mazón, a su derecha, que la coge del hombro.

Las sospechas de financiación irregular siguen envolviendo a Vox. Un grupo de diez militantes y exmilitantes del partido de extrema derecha presentó el pasado 8 de junio ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante un escrito de denuncia por presunta financiación ilegal y blanqueo de capitales de la agrupación de Elche durante la pasada campaña para las elecciones autonómicas y municipales.

El documento sitúa a José María Mazón como el principal artífice de los pagos en B. Pareja de la que fuera portavoz y concejala de Vox Elche, Amparo Cerdá, hasta su dimisión el pasado mes de enero, el documento le atribuye la responsabilidad de numerosos pagos con dinero negro para favorecer la imagen de Cerdá de cara a los comicios locales en los que el partido ultra logró dos ediles, Cerdá y Aurora Rodil.

El texto sellado por la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, establece el punto de partida en enero de 2019, fecha en la que aparece Mazón ofreciéndose a financiar al partido en Elche. Para ello, no le queda otra opción que la de aportar “pagos en metálico de dinero no declarado en España” al tener su residencia fiscal en Panamá y no disponer de cuentas “legales” en el país desde donde poder realizar las transferencias.

Mazón y la dirección del partido descartan a su vez la posibilidad de transferir dinero desde su empresa puesto que así lo prohíbe la ley orgánica aprobada durante el mandato de Rajoy en 2015, que establece que el empresario que quiera financiar a un partido debe aportar su nombre y DNI.

El siguiente paso es encontrar un local para albergar la sede de la agrupación. Para ello, se encargan dos militantes de localizar un establecimiento en el casco histórico de la ciudad, donde finalmente se acabó inaugurando la sede. El documento explica que un tercer militante, abogado de profesión, se negó a realizar el contrato de arrendamiento “cuando la pretensión es que en el contrato figure una carencia encubierta de seis meses, la cual oculta un pago en B del alquiler en mano de José María Mazón”.

Finalmente, a pesar de la negativa del letrado, que decide abandonar el partido por estos hechos, se empieza a pagar con dinero negro ese alquiler en el mes de febrero hasta finales de mayo, cuando se celebran las elecciones.

“Este mismo contrato se remite y valida en Madrid, pero a Madrid no se le pasa la información de cómo se realiza la operación, pensando” en la dirección nacional “que la carencia era real”, se puede leer a continuación. A este respecto se le atribuye a Ana Vega, actual portavoz de Vox en las Corts Valencianes, y a su pareja Mario Ortolá, portavoz del grupo municipal en Alicante, el conocimiento de estas irregularidades, que “ocultan” a la que fuera presidenta de Vox en la provincia de Alicante, Ana Cerdán. Se da la circunstancia de que Ana Cerdán dimitió poco tiempo después, en marzo, de su cargo orgánico, y se constituyó una gestora a cuyo frente fue puesta Ana Vega.  

En este contexto, el documento elaborado por militantes y exmilitantes de Vox acusa a Mazón de estar detrás de todo tipo de pagos en b e irregularidades a escasas semanas de las elecciones. Justo en el inicio de la campaña, siempre según estas voces, Mazón aporta 10.000 euros al partido “en metálico que se reparten entre diez afiliados para que se hagan diez ingresos de 1.000 euros”. Luego Amparo Cerdá es la que informa “a afiliados fieles” que la suma de ese dinero la han conseguido de las mesas informativas que planta Vox en la calle “y que lo va a repartir para que lo ingrese cada uno en importes más pequeños”.

Ese supuesto procedimiento para blanquer ingresos en el partido es el mismo por el que están imputados exconcejales y afiliados del PP de València en una pieza separada del denominado caso Taula. Los hechos que se investigan se habrían producido en la campaña electoral de 2015, en la que Rita Barberá perdió la alcaldía de València. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que medio centenar de cargos públicos y asesores en el ayuntamiento pagaron 1.000 euros para la campaña electoral de 2015 que les fueron devueltos posteriormente con dos billetes de 500 provinientes de dinero negro. De esta manera inyectaron presuntamente dinero A para poder hacer frente a los gastos del partido y no levantar sospechas de que los actos se pagaban con dinero en B.

Un presunto delito de financiación ilegal y blanqueo de capitales que se habría producido en Vox para las elecciones locales en Elche al que se habría negado la actual portavoz del grupo municipal, Aurora Rodil, que entra en este puesto después de la dimisión de Amparo Cerdán en enero de este año por discrepancias con un partido que la había ninguneado tras denunciar por violencia de género a su expareja, quien a su vez se había visto envuelto en una pelea con Mazón, asesor municipal durante el tiempo que estuvo de regidora Cerdá.

Por último, el documento en cuestión señala a Mazón como responsable de aportaciones en negro en varios actos de campaña en conocidos bares de Elche “sin constar el pago de dichos actos en las cuentas del partido”. De toda esta situación, insisten los denunciantes, se informa a través de un dossier al general Manuel Mestre Barea, actual diputado nacional, a Aurora Rodil y Juan Antonio Alberdi, actuales regidores de Elche, entre otros, y a Ortega Smith, que pide información a la presidenta de la gestora, Ana Vega “y esta lo oculta a Madrid”.

Este medio ha tratado de hablar, sin éxito, con Vega y Rodil. Por su parte, José María Mazón ha rechazado las imputaciones, niega disponer de cuentas en Panamá y haber pagado “nada” durante la campaña. “Solo he invitado a refrescos a militantes”, alega, tras justificar que Elche no dispone de una cuenta de Vox, sino que el dinero para gastos lo facilita la cuenta de Vox España, en Madrid.

Un supuesto intento de compra de armas

En un anexo de la denuncia se menciona, con pruebas de pantallazos de Whastapp, la supuesta tentativa del actual número dos de Vox Elche, Juan Antonio Alberdi, “de comprar en España armas para traficar después”. Para ello, en teoría escribió a un militante del partido, exmilitar, para facilitarle contactos.

“¿Tú no sabrás quien nos puede vender munición y armas para un país extranjero?”, le pregunta por el servicio de mensajería instantánea. “No es para armar a los afiliados de Vox, no”, añade. Preguntado ese afiliado, ha preferido no hacer declaraciones. Sí que ha respondido el propio Alberdi para negar que haya sido así. “Yo le ofrecí a él mi empresa de exportación e importación para saber de un contacto que le ayudara y ahí se acabó el tema”, afirma.

En la actualidad, la gestora de Alicante de Vox “ha cerrado temporalmente la actividad orgánica” de la agrupación de Elche desde principios de este mes. Ana Vega ha tomado el mando del partido tras dejar sin funciones al coordinador local, Juan Roldán, a quien, según los autores del documento enviado a la Fiscalía, se le ha cesado después de tratar de emplazar a Vega a que investigara las supuestas irregularidades de Elche.

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Publicado el
20 de junio de 2020 - 00:03 h

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