La duración de los procesos judiciales por violencia sexual contra menores valencianos baja de tres a dos años

Los procesos judiciales en materia de delitos sexuales contra menores valencianos duran cada vez menos. Un 63% de los casos entre 2019 y 2020 no duraron más de dos años, mientras que en 2017 la media de duración era de tres años, según los datos que maneja Save the Children. Sin embargo, la ONG advierte de que aún hay procesos que superan los cinco años de duración, ahondando el calvario judicial que supone una causa de estas características para el menor.

Save the Children ha analizado los datos oficiales del Ministerio del Interior sobre delitos sexuales. En los juzgados valencianos se interpusieron 766 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a un menor de edad, de las que más del 80% tienen como víctima a una niña (617 niñas frente a 149 niños). Además, prácticamente la mitad (49,5%) de las denuncias recibidas por este motivo tiene como víctima a un menor de 18 años. Por provincias, Valencia es la que más casos alberga, con 379 casos, seguida de Alicante (298 denuncias), mientras que en Castellón se interpusieron 89 denuncias por abusos y agresiones sexuales en 2020.

En España, un 44,7% de los abusos sexuales cometidos hacia menores de edad se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños y las niñas comienzan a sufrir abusos es muy temprana, a los 11 años y medio. Es la conclusión de Save the Children tras analizar 394 sentencias judiciales de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020, correspondientes a 432 víctimas. La organización añade que en el 78,9% de los casos las víctimas son niñas y chicas adolescentes.

En cuanto al agresor, la ONG indica que el 84% de los abusadores son conocidos, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes donde se producen los abusos destaca el entorno familiar con casi la mitad (49,5%) de los casos analizados, siendo la figura del padre la más frecuente.

“No hay que olvidar que estas cifras son sólo la punta del iceberg. Que las denuncias aumenten no es que haya más casos, sino que cada vez se visibiliza más este problema y la sociedad está más sensibilizada”, insiste Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

“Cuando un niño o una niña ha sido víctima de violencia, ya hemos llegado tarde como sociedad. La prevención es la clave, pero si esa violencia llega a ocurrir, es fundamental que sigamos protegiendo a ese niño o esa niña y evitar que pase por procesos que les pueden hacer todavía más vulnerables y re victimizándolos. Es necesario que la Justicia esté a la altura de la infancia”, señala Rodrigo Hernández.

Periplo jurídico para las víctimas

Cuando se detecta un caso de abuso sexual, se inicia un proceso judicial doloroso para la víctima, explica la ONG. Los niños y las niñas deben pasar por múltiples entrevistas, teniendo que narrar su experiencia traumática ante diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones. En la mayoría de los casos, el proceso empieza en dependencias policiales y continúa con pruebas periciales y una exploración por parte de la Fiscalía o en plenario. Save the Children asegura que los niños y niñas declaran de media cuatro veces.

Además, según el análisis de la ONG, en casi de 8 de cada diez casos no se grabó el testimonio del niño o la niña —la llamada prueba preconstituida— para evitar así que tengan que acudir en persona al juicio y revivir el trauma.

“En Save the Children hemos constatado cómo el sistema actual tiene graves carencias: la mayoría de profesionales del ámbito jurídico todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra los niños y las niñas. Es necesario que se creen espacios amigables para para que los niños y niñas víctimas de violencia pueda prestar su testimonio de forma segura y respetuosa”, concluye Hernández.

Especialización de la justicia

Entre las medidas que incluye la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, se recoge que el Gobierno debe elaborar un Proyecto de Ley para la especialización de la justicia “de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad”, para abordar la atención de la infancia víctima de violencia. 

Save the Children considera urgente el establecimiento de estructuras judiciales especializadas en violencia contra la infancia que se encarguen de las causas penales por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también cree fundamental crear una Fiscalía específica de violencia contra la infancia que participe en todos los procesos donde existan víctimas menores de edad y diferenciada de la de menores.

“En la Comunitat Valenciana ya contamos con compromisos políticos por una jurisdicción especializada para menores víctimas, así como un proyecto de presupuestos para 2022 que incluyen establecer el turno de oficio especializado en materia de infancia, pero es fundamental continuar incrementando todos los recursos posibles para luchar contra cualquier forma de violencia hacia la infancia”, concluye Hernández.