Más de 1.000 empresas y 4.300 personas, investigadas por fraude laboral
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han investigado en los primeros seis meses de 2017 a un total de 1.027 empresas y 4.298 personas por empleo irregular o fraude a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana, según el informe que ha dado a conocer este viernes el delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues.
El convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Interior ha dado como resultado este informe semestral, que demuestra “la gran eficacia y coordinación de los agentes policiales y la Inspección de Trabajo”, destaca Delegación de Gobierno en un comunicado.
Como resultado de algunas de las actuaciones llevadas a cabo, los agentes han detenido a 106 personas por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, entre otros.
Entre las actuaciones destacadas, la Policía Nacional desarticuló un grupo que realizaba altas a la Seguridad Social para las que trabajaba como gestor, cobrando por ello a los supuestos empleados, que mediante las altas solicitaban prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal y autorizaciones de residencia, en el caso de extranjeros.
La Policía también desarticuló un taller de confección clandestino en el que se encontraban ocho trabajadores extranjeros sin dar de alta y sin contrato realizando jornadas de trabajo de once horas diarias, de lunes a sábado.
Ante este tipo de casos, Moragues ha destacado que “la lucha contra el fraude laboral es una prioridad del Gobierno para garantizar los derechos laborales y la calidad de las condiciones de trabajo”. En el caso de las empresas, ha asegurado que “se debe luchar contra la competencia desleal de aquellas que no cumplen con sus obligaciones frente a las que sí lo hacen”, ha apostillado.
Convenio de elaboración
El convenio de colaboración suscrito hace dos años facilitó el acceso de la Policía Nacional a las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social y la cesión de los mismos. De esta forma, la explotación de esta fuente de información permite dar “solidez y agilidad” a las investigaciones desarrolladas por las unidades de la Policía Nacional.
“El convenio recoge medidas para impulsar y perfeccionar la cooperación desarrollada hasta ahora entre la Seguridad Social y la Policía Nacional y los resultados demuestran que es un buen instrumento para proteger los derechos de los trabajadores”, ha indicado Moragues.
