Unas 35 familias valencianas fueron desahuciadas cada día en el segundo trimestre de 2017
Con cánticos como: “Valencia, despierta, desahucian en tu puerta”, “sí se puede” o “este desahucio, lo vamos a parar”, más de medio centenar de personas se concentraban este jueves a las puertas del número 107 de la avenida Maestro Rodrigo de Valencia, convocados por la PAH, para intentar paralizar el desahucio de Gilda, una mujer desempleada de 58 años con una discapacidad reconocida del 77% y con una pensión no contributiva de 369 euros al mes, que iba a ser desalojada por no poder hacer frente al alquiler de su vivienda.
Finalmente, el lanzamiento no se ha producido después de que el juez haya dado un plazo de un mes tras el recurso presentado por la afectada. “Si en un mes no se ha solucionado el problema y prosigue el procedimiento de desahucio, volveremos aquí”, advertían desde la PAH, que han denunciado que mientras la inquilina tenía su alquiler con el BBVA quien ha solicitado el desahucio es Testa Residencial Socimi, una “sociedad pantalla a la que diversas entidades bancarias han cedido los derechos de alquiler para que los gestione”. “Es una empresa que no conoce nadie, que no negocia ni está dispuesta a dialogar con nosotros porque no hay un interlocutor, y que cuenta con capital y viviendas de bancos como BBVA, Santander o Popular, de forma que éstos no ven dañada su imagen”, han asegurado: “Es muy difícil luchar contra este tipo de sociedades”.
Además, han denunciado las prácticas de esta empresa, a la que acusan de “acosar” a la inquilina con continuas llamadas y a la que le han cortado el agua en diferentes ocasiones, “a pesar de que es ella quien paga el suministro”. Gilda, hasta el momento, tampoco ha recibido la solidaridad de sus vecinos.
El de esta vecina de Valencia no es un caso especialmente significativo, sino uno más de los que diariamente se producen en la Comunitat Valenciana.
En el segundo trimestre del año (entre los meses de junio y abril) 2.287 familias valencianas fueron desalojadas de sus viviendas, según han apuntado desde la PAH, y han explicado que el 49 por ciento de los casos (1.122) corresponden a hipotecas, otro 49% (1.232) a alquileres y el resto, hasta un total de 74 (menos de dos por ciento), son ocupaciones y otro tipo de casos. “Se trata, la inmensa mayoría, de personas que no recurren a las diferentes plataformas que hay en la Comunitat Valenciana”, ha explicado José Luis desde la PAH, quien ha aclarado que, normalmente, no se ponen en contacto con ellos: “algunos casos, los más, por vergüenza, pero otros porque se trata de extranjeros que no quieren problemas y dejan las llaves o porque son gente que se va a vivir con sus padres”.
Desde la plataforma valenciana, como apuntaban José Luis o Raquel, lamentan que no les lleguen más casos: “A nosotros nos llega aproximadamente una tercera parte de esa cantidad, y la inmensa mayoría los resolvemos con éxito, ya sea por medio de una renegociación de la deuda o con la consecución de un alquiler social, gracias a la negociación, mecanismos jurídicos o a la movilización, pero si no vienen a nosotros o llegan a última hora cuando ya no hay margen de maniobra no podemos hacer nada”, han explicado.
La PAH celebra la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por las Corts Valencianes o la actitud de colaboración de la Conselleria o del Ayuntamiento de Valencia, pero creen que no es suficiente. Por ello, insisten en que se prohíban prácticas como las que realizan socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas) como Testa Residencial y en la necesidad de que el Congreso apruebe la propuesta de Ley de la Vivienda de la PAH, “cuando llegue al Parlamento, haremos toda la fuerza posible para que salga adelante, porque el derecho a la vivienda está recogido en la Constitución”.
