El cerebro financiero de Zaplana usó el mismo modelo del caso Emarsa para aflorar en España 540.000 euros de dinero B ocultos en Andorra

Los distintos métodos utilizados por la trama Erial liderada por el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, forman ya parte del mejor manual de blanqueo de capitales que se han escrito en España. La red de empresas de Fernando Belhot y de los testaferros del expolítico movieron a través de una docena de países el dinero recaudado del cobro de comisiones y que repatriaron a España a través de agentes de cambio, compra de activos inmobiliarios y “sistemas de compensación”. Este último modus operandi fue utilizado ya por un implicado en el caso Emarsa y es considerado un práctica fraudulenta por el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) y apoyado por una empresa legal radicada en Alicante.

El cerebro financiero de Eduardo Zaplana, Francisco Grau, transfirió desde la empresa Imision radicada en Luxemburgo, epicentro de la trama donde se ingresaron los 11,1 millones de las comisiones, 540.000 euros a dos sociedades de la familia Esteve -grupo Levantina- radicadas en Panamá, pero con cuentas en Andorra: Miliken Internacional y Incania Internacional. La Guardia Civil interrogó durante el proceso de investigación a Enrique Ramón Pina, persona autorizada en estas dos cuentas y hombre de confianza de los empresarios del mármol.

En el interrogatorio de la UCO, Pina explica que en una conversación con Francisco Grau, con quien tenía una relación de amistad por haber trabajado de auditor externo para Levantina, le dijo que para hacer unas inversiones en Angola, sus dos empresas necesitaban 540.000 euros para adquirir maquinaria. “Grau se ofreció a transferir estos fondos y a cambio pidió recibir el dinero en España”. De esta manera, Pina se ahorraba viajar con dinero a Andorra y Grau evitaba dejar rastro ante la Agencia Tributaria y pasar la frontera del país de los Pirineos o trasnportar el cash desde Luxemburgo.

Cabe recordar que en esos años se fijó un máximo de 30.000 euros el dinero con el que se podía viajar y que los Mossos de Escuadra habían incrementado el número de controles en carretera a la salidad de Andorra por el trasiego de empresarios españoles que evadían capitales a través de esta fórmula.

En el caso de Emarsa, fue Carlos Crespo, hermano del que fuera presidente de Emarsa, quien tenía 340.000 euros en una cuenta andorrana en la entidad BPA. Para repatriar a España 300.000 euros que había solicitado retirar, el banco hizo una transferencia a la empresa Iguazu Falls Corporation del empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, implicado en el caso Brugal.

Posteriormente, ese dinero fue entregado por el empresario a Carlos Crespo en Elche. Para regularizar la situación, el pequeño de los Crespo se acogió a la amnistía fiscal de Montoro en el año 2012 y legalizó el dinero ante Hacienda. Francisco Grau no lo pudo regularizar, pero dispuso de ellos en metálico.