El fiscal de la DANA frena a los 'conspiranoicos' de la causa: “El derecho a la prueba no es absoluto ni ilimitado”

El fiscal de la DANA se ha opuesto al recurso de apelación de la asociación Liberum, personada como acusación en la causa y nacida al calor de la 'conspiranoia' de la pandemia de la Covid-19, contra el auto de la jueza instructora que les denegó una diligencia de prueba que, según su letrado, cuestionaría la “versión oficial” sobre la cifra total de fallecimientos a consecuencias de las inundaciones. El representante del Ministerio Público recuerda que “el derecho a la prueba no es absoluto e ilimitado”. “Lo cierto”, apostilla el fiscal Cristóbal Melgarejo, es que las diligencias de prueba “deben ser pertinentes y útiles”.

La asociación Liberum pretendía que la jueza de la DANA certificara la autenticidad del acta de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 1 de noviembre, elaborada por el departamento de Bomberos del Ayuntamiento de València y publicada el mismo día por elDiario.es.

El acta de la reunión del Cecopi reseñaba la grave situación sobre el terreno tras la DANA y las llamadas al teléfono habilitado para familiares de desaparecidos. Liberum, tal como afirmó su letrado Alexis Aneas el pasado 26 de marzo, cuestiona la cifra oficial de 228 fallecidos a consecuencia de la DANA que maneja la jueza instructora de la causa.

Aneas incluso deslizó que la entidad había emprendido una “minuciosa investigación” sobre los certificados de fallecimientos y las lápidas, aunque no aportó indicio alguno que apuntalara su disparatada tesis.

La jueza, en un auto del pasado 8 de mayo, denegó la diligencia recordando que la instrucción está acotada a los hechos del 29 de octubre, jornada de la trágica DANA.

Liberum, por su parte, considera que el acta contiene información que abarcan el 29 de octubre. “Algunos de estos datos contradicen la versión oficial o generan dudas”, afirmaba el recurso.

El fiscal concluye que los datos “relevantes” que podría aportar el acta, tales como las llamadas recibidas en el 112 o el número de víctimas y autopsias realizadas, ya constan en la causa. Por tanto, al diligencia de investigación que pedía Libreum “no resultaría trascendente para el esclarecimiento de los hechos”, afirma el representante del Ministerio Público en un escrito de este miércoles.

La batalla por la transcripción de la testifical de Pradas

El representante de la acusación pública también ha pedido que se desestime el recurso de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas contra la diligencia de ordenación que le pedía a su abogado que detallara qué partes de su declaración del pasado 11 de abril consideraba que estaban transcritas erróneamente por el juzgado.

La Letrada de la Administración de Justicia emplazó a la defensa de Pradas a que concretara qué puntos de la transcripción consideraba incorrectos o inexactos. Sin embargo, el abogado de la exconsellera respondió que debía ser el juzgado el que con “sus propios medios” repasara la declaración.

El fiscal, tal como ya había expuesto anteriormente, argumenta que si el letrado de Pradas sostiene que el contenido de la declaración no coincide con lo transcrito, “le corresponde precisar” las partes inexactas, sin que ello suponga merma alguna al derecho de defensa.

A favor de que se admita a HazteOir

En otro escrito firmado este miércoles, el fiscal Melgarejo apoya que se admita a HazteOir como acusación popular en la causa y que se estime el recurso de la asociación ultraconservadora contra el auto de la jueza del pasado 22 de mayo que le sacó del procedimiento.

Por otro lado, el fiscal también pide que se desestima el recurso de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia, que ejerce una de las acusaciones, contra el auto de la instructora que denegó la petición de que se tomara declaración como investigados a Alberto Martín Moratilla, exdirector general de Emergencias de la Generalitat; al funcionario Jorge Suárez, subdirector general del mismo departamento; a su subordinada, Inmaculada Piles, y a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Todos han sido citados a declarar en condición de testigos, aunque están pendientes de fecha para sus testificales. El fiscal concluye que la resolución de la magistrada “se ajusta a derecho”.

Además, también pide que se desestime el recurso de una de las acusaciones particulares contra la denegación de diligencias de prueba sobre el uso de los helicópteros el 29 de octubre. El escrito del Ministerio Público sostiene que no resultaría relevante para el esclarecimiento de los hechos.