El exvicepresidente de la Diputación de Castellón declara en la causa por fraude tras cuatro aplazamientos
A la quinta ha sido la vencida. Tras cuatro aplazamientos consecutivos, el exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, por fin ha declarado ante la titular del Juzgado número 4 de Castellón en la causa abierta por fraude y exacciones ilegales, diligencia separada del caso de la depuradora de Borriol, por el que ha sido condenado a 8 meses de cárcel, así como a no poder ejercer un cargo o empleo público durante dos años, con una multa de 12.600 euros.
La mano derecha de Carlos Fabra sólo ha contestado a las preguntas de la Fiscalía, representada por Javier Carceller, aunque no ha utilizado la misma fórmula en todas sus respuestas. De esta forma, en las interpelaciones que podrían haberle comprometido se ha limitado a indicar: “No me acuerdo”. Así lo ha desvelado el abogado de la acusación particular, Omar Braina, al que Martínez ha evitado replicar cuando le ha planteado alguna cuestión.
Tras cerca de una hora de comparecencia, el exlíder del Partido Popular ha abandonado la Audiencia Provincial. Lo ha hecho sin entrar en detalles respecto a su testimonio ante la magistrada. Sus únicas palabras al enfilar el vehículo han sido: “Todo ha ido bien, gracias. He estado poquito tiempo”. La declaración de Martínez se ha producido después de la intervención de sus hijos, que apenas han permanecido cinco minutos en la sala. En opinión de la acusación particular, “existen indicios de delito por las respuestas que ha dado (en referencia al exvicepresidente de la diputación)”.
La declaración de los cuatro investigados (el cuarto es el empresario Raúl Babiloni) ha comenzado sobre las nueve y media de la mañana y ha finalizado pasadas las 12,00 horas. Martínez, que se ha presentado acompañado por su abogada a las 9,16 horas, ha salido sonriente del Palacio de Justicia de Castellón a las 11,53 horas.
“Ahora comenzará la instrucción. La jueza tardará un poco y, en función de lo declarado, decidirá si hay juicio o no, aunque nosotros vemos que hay indicios de delito”, ha recalcado Braina, letrado del PSPV-PSOE, que se ha personado como acusación particular en la causa abierta a raíz de una querella presentada por la Fiscalía en enero de 2016.
