El Gobierno valenciano paga 128 millones a los bancos por avales públicos fallidos a empresarios en la etapa Camps
- La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) solo ha podido recuperar unos 35 millones de euros de este dinero público desembolsado entre 2014 y 2018 a través de la venta de sus sedes y la transferencia de activos a un fondo buitre
El agujero que los distintos gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana, sobre todo de Francisco Camps, todavía lo están pagando los valencianos en la actualidad. Entre 2014 y 2018, la Generalitat ha tenido que abonar a los bancos 128 millones de euros por avales públicos con los que su Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) apoyó a empresarios afines a principios de la primera década del 2000 y que no pudieron devolver por falta de garantías.
El descontrol absoluto por la administración y el aval de proyectos sin ninguna garantía económica privada provocaron que, con el hundimiento económico, la Generalitat valenciana haya sido la que tenga que asumir el agujero. De hecho, es un rescate encubierto, puesto que los bancos prestaron el dinero a los empresarios y autónomos amigos que fueron avalados por la SGR.
Así, según la información facilitada por la actual SGR, rebautizada como Afín SGR, en 2014 el dinero público pagado por las arcas públicas a los bancos fue de 4,3 millones; 20,4 millones en 2015; 23,9 millones en 2016; 75, 2 millones en 2017 y 4,3 millones en 2018.
Aunque la sangría para la administración valenciana todavía no ha terminado y, según el presidente de Afín SGR, Manuel Illueca, el total en avales que devolver a los bancos puede superar los 140 millones de euros cuando se saneen todos los activos. De momento, la propia SGR no ha podido recupera más de 35 millones: 28 a través de la venta de un paquete de activos que se se adjudicó a un fondo buitre, otros tres por la venta de sus sedes y un número indeterminado de activos comercializados a través de Valencia Urbana.
Unos valores que se han quedado muy lejos del precio real y, sobre todo, del desembolso público que ha tenido que hacer la Generalitat para tapar este fiasco. También por la decisión del Consell del Botànic de salvar Afín SGR. Illueca justifica su apuesta de haber inyectado capital público porque la Sociedad de Garantía Recíproca es un “instrumento fundamental” para ayudar a pymes y autónomos“. ”En el primer trimestre hemos avalado la misma cantidad -7 millones- que en la mitad de 2018“, ha revelado.
Respecto a las entidades más beneficiadas por esta asunción de responsabilidades de la administración autonómica, han sido Banco Sabadell y Bankia los que han percibido alrededor del 50 % de estos pagos. Estas dos entidades son las que mayores reavales de la SGR tenían comprometidos al ser los que asumieron Bancaja y la CAM, las dos cajas de ahorros valencianas fallidas y que también sirvieron como instrumento de financiación de empresarios amigos del poder.
En el pool bancario que ha ingresado importantes cantidades de la Generalitat están CaixaBank, por ser la entidad que adquirió Banco de Valencia, Banco Santander -por haber asumido el Banco Popular- y en menor medida BBVA.
Illueca se comprometió a principio de la legislatura a encargar una auditoría forense para depurar responsabilidades penales entre los responsables administrativos y empresarios que participaron en las operaciones. Según el presidente de Afín SGR, ya ha trasladado a la directora de la entidad que entregue el documento a la Conselleria de Hacienda, que debe ser la que junto a la Abogacía de la Generalitat los que evalúen las acciones legales a emprender.
De momento, es un documento guardado bajo siete llaves que puede comprometer a cargos de los anteriores gobiernos y a empresarios. Silencio absoluto.