El Supremo revisa la sentencia de Gürtel por el caso Fitur, que condenó a una exconsellera del PP valenciano
El Supremo revisa este miércoles la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) que condenó a los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo a 13 años de prisión, a Álvaro Pérez, El Bigotes, a 12 años y a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, del PP, a 9 años.
La vista es presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta. En la sentencia citada también resultaron condenados Isabel Jordán (6 años), Cándido Herrero (4 años y 4 meses) y Mónica Magariños (3 años).
El exjefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la “causa de los trajes”, también fue condenado a 6 años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente. Todos ellos han recurrido ante el Supremo.
La sentencia deja constancia de que las empresas de Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han demostrado amañados.
De esa cantidad, 1.937.957 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 176.812 por sobrecostes o duplicidades facturadas a la Generalitat valenciana por su expositor en Fitur entre 2005 y 2007.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Pérez al estimar la petición de la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido y con el argumento del riesgo de fuga. Lo hizo en febrero de 2017.
En la sentencia, de 558 páginas, se condenaba a once de los trece acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determinaba que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.
Asimismo se concluye que la Consellería de Turismo, entre los años 2005 y 2009, alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas de la trama, a las que facilitó información privilegiada.
